El Tribunal Supremo resolverá el recurso de casación presentado por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) contra el archivo de la causa por intrusismo profesional contra un perito informático que solo tenía la licenciatura en derecho.
El caso se remonta a 2019, cuando se denunció a una persona que actuó como perito informático en un proceso penal en Almería sin tener ninguna titulación oficial en informática. Además, firmó el dictamen como perito informático colegiado, sin pertenecer a ningún colegio profesional, y lo visó por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI).
El denunciado alegó que era miembro de dicha asociación y que había realizado dos cursos de informática forense que le habilitaban para ejercer como perito informático en Andalucía. Sin embargo, el CPITIA aportó un informe en el que se indicaba que la normativa vigente exigía tener una titulación oficial en informática y estar colegiado en un colegio profesional de ingeniería técnica informática para realizar peritaciones informáticas.
En marzo de 2022, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería acordó el sobreseimiento provisional de la causa, basándose en el informe de la ANTPJI, que consideraba que los hechos no eran constitutivos de delito. El CPITIA recurrió esta decisión, argumentando que se vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva y que se obviaban las pruebas aportadas sobre el intrusismo profesional del denunciado.
En noviembre de 2022, el mismo juzgado desestimó el recurso de reforma y confirmó el archivo de las actuaciones, sosteniendo que el denunciado estaba capacitado para el desempeño de su profesión de perito, al poseer la titulación necesaria que le acreditaba como experto en derecho informático y pericias judiciales, así como el título de licenciado en derecho y amplios conocimientos sobre informática y legalidad.
En marzo de 2023, la Audiencia Provincial de Almería también desestimó el recurso de apelación interpuesto por el CPITIA, ratificando los argumentos del juzgado instructor y apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de intrusismo profesional.
Ante esta situación, el CPITIA ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, esperando que se aplique estrictamente la legislación vigente y se haga cumplir las leyes que regulan la profesión de ingeniero técnico en informática. Según el CPITIA, se trata de un asunto de gran relevancia para la protección de los intereses generales de la sociedad y para la defensa de los derechos de los colegiados.
El Tribunal Supremo tendrá ahora la última palabra sobre cuáles son los requisitos legales para ejercer como perito informático y si se ha cometido o no un delito de intrusismo profesional por parte del denunciado. Se espera que su resolución sirva para aclarar la controversia existente entre las asociaciones privadas y los colegios profesionales de ingeniería técnica informática.
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