Decía Pedro Sánchez allá por 2018 que Mariano Rajoy debía convocar elecciones, someterse a una cuestión de confianza o aprobar unos nuevos presupuestos. Su argumento, contundente y con esa mezcla de firmeza y grandilocuencia que tan bien domina, apelaba al espíritu de la Constitución. Según él, un Gobierno sin respaldo para aprobar las cuentas públicas carecía de legitimidad para continuar. Hoy, desde el Palacio de la Moncloa, el inquilino Sánchez parece haber sufrido un curioso ataque de amnesia o, quizás, de pragmatismo extremo.
Los últimos presupuestos generales fueron aprobados en diciembre de 2022. Desde entonces, el silencio sobre nuevas cuentas ha sido ensordecedor. No hay proyecto en el horizonte, y la reciente negativa del presidente a someterse a una cuestión de confianza a instancias de Junts deja claro que aquella firmeza de 2018 era, por decirlo suavemente, flexible. Claro, los principios son firmes hasta que afectan a uno mismo, y la elasticidad política no entiende de coherencia sino de supervivencia.
La Constitución es clara: el Gobierno debe presentar unos presupuestos generales del Estado, aunque no logre su aprobación. No hacerlo supone un incumplimiento que, en una democracia madura, debería tener consecuencias políticas. Sánchez ya ignoró esta obligación en 2019, cuando optó por la cómoda prórroga presupuestaria. Entonces, con una mezcla de habilidad táctica y desprecio por el protocolo constitucional, continuó gobernando sin despeinarse. Ahora parece dispuesto a repetir la jugada.
Lo irónico es que quien más insiste en exigirle la cuestión de confianza es Junts, el socio incómodo que lo llevó a la investidura tras un pacto a puerta cerrada. La aritmética parlamentaria sigue siendo frágil, y el espectáculo de las negociaciones se asemeja a una tragicomedia. Mientras tanto, la relación con Sumar tampoco es la más sólida, y Podemos ya muestra síntomas de fatiga. Si los morados deciden apartarse, ¿qué queda? ¿Un Gobierno sostenido por hilos aún más finos que los de 2018?
El escenario se complica más cuando se mira el horizonte económico. Los presupuestos son el reflejo de un programa político, y la ausencia de uno nuevo es, a todas luces, una falta de dirección. Sánchez, que en su día pedía elecciones para devolver la voz al pueblo, ahora la retiene bajo la alfombra. El mismo guion, distintos protagonistas. ¿Qué cambió? El poder, por supuesto.
¿Convocará elecciones? Parece poco probable. ¿Aprobará presupuestos? Aún menos. ¿Se someterá a la cuestión de confianza? Por lo visto, solo si se lo pide un espejo. Mientras tanto, los ciudadanos seguiremos viendo cómo la flexibilidad de los principios convierte la política en un juego de supervivencia donde la coherencia es un lujo del que se prescinde con facilidad.
Al final, gobernar es cumplir con lo prometido. O, al menos, intentarlo. Pero en esta España de 2025, lo prometido es papel mojado, y la Constitución es, para algunos, una guía opcional.
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