El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha dictado sentencia contra 15 procesados acusados de participar en una trama de facturas falsas a favor de un empresario de Pulpí, en la provincia de Almería. El principal acusado, dueño de una sociedad dedicada a la importación de productos promocionales, defraudó a la Agencia Tributaria en el pago del Impuesto de Sociedades en 2005 por un total de 1.305.620,66 euros.
El empresario presentó una declaración del Impuesto de Sociedades en la que consignó un total de ventas a 1.461 clientes por valor de 20.801.943,32 euros, y compras a 113 proveedores por valor de 10.604.779,05 euros. Sin embargo, "a sabiendas de la falsedad de las facturas", dedujo gastos de materias auxiliares de embalajes y gastos de servicios de transporte por un total de 1.305.620,66 euros.
El resto de acusados son los responsables de distintas empresas que confeccionaron las facturas falsas que utilizó el principal acusado. Todos ellos tenían conocimiento de que éste las iba a utilizar para defraudar a la Hacienda Pública mediante la deducción de gastos en su declaración del Impuesto de Sociedades.
Antes de que se celebrase la vista, el principal acusado consignó judicialmente la cantidad de 758.280,58 euros a cuenta de la responsabilidad civil que se le exigía, lo que ha servido para que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño. Esto, junto con la atenuante de dilaciones indebidas por la paralización sin razón de la causa en distintos periodos de tiempo, ha propiciado que la Fiscalía cerrase un acuerdo con los abogados de los acusados.
La Fiscalía ha rebajado su petición inicial de penas y se ha acordado la suspensión de la pena de prisión para el principal acusado, condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa del 65 % de la cantidad defraudada por un delito contra la Hacienda Pública. La misma pena le ha sido impuesta a otros dos procesados como cooperadores necesarios de dicho delito contra la Hacienda Pública.
El resto de procesados han sido condenados a tres meses de prisión y multa de 540 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, frente a los tres años de cárcel y la multa de 913.953 euros que reclamaba antes del acuerdo la Fiscalía. Una socia del principal acusado ha sido absuelta ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retiraron la acusación contra ella.
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