El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha decretado prisión provisional sin fianza para un hombre investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras hallarse drogas valoradas en más de 91.300 euros en dos viviendas vinculadas a él en el barrio de Los Molinos. Sin embargo, el tribunal ha ordenado su puesta en libertad en la causa por el doble asesinato de dos jóvenes de 20 y 30 años ocurrido en julio de 2024 en la misma zona, al considerar que las pruebas recabadas hasta ahora son insuficientes para vincularlo formalmente con los homicidios. El sospechoso deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado mientras continúa la investigación.
Los registros, autorizados en la madrugada del 25 de marzo en dos inmuebles —uno en el complejo de las 500 Viviendas y otro a 130 metros de la calle Pilones, escenario del tiroteo—, no aportaron elementos concluyentes sobre su implicación en las muertes. No obstante, permitieron incautar 183 gramos de cocaína, 235 de ‘cocaína rosa’, 601 plantas de marihuana, cuatro kilos de cogollos y material para el cultivo y procesamiento de estupefacientes. También se encontraron cartuchos de 9 mm, teléfonos móviles y documentación, según consta en el auto judicial al que ha accedido este medio.
La investigación policial, liderada por el Grupo IV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, apuntaba inicialmente a una posible conexión entre el doble homicidio y actividades de narcotráfico. Las pesquisas, respaldadas por escuchas telefónicas y vigilancia previa, sugerían que el sospechoso mantenía una «estrecha relación» con una de las víctimas, con quien había viajado a Cataluña diez días antes del crimen y mantenido contacto hasta el 19 de julio. Minutos antes del tiroteo, testigos los vieron conversar «en actitud tranquila» cerca de las 500 Viviendas.
Teoría del pago fallido por drogas
La hipótesis principal de la policía señala que el detenido habría acordado un encuentro con las víctimas para liquidar un pago relacionado con el tráfico de drogas desde Marruecos. Según fuentes cercanas al caso, el altercado habría terminado en un tiroteo alrededor de las 2:20 horas en la calle Pilones, donde se hallaron siete vainas y cinco proyectiles de 9 mm. Cámaras de seguridad y datos de antenas móviles situaron al investigado cerca del lugar, aunque a 30 metros del vehículo de los fallecidos durante el ataque.
Pese a los indicios —como el uso temporal del teléfono de una víctima y su presencia en la zona—, el juez consideró insuficiente la prueba material para imputarle los homicidios. «No hay elementos firmes que acrediten su intervención directa», subrayó el magistrado, quien mantiene abierta la causa para profundizar en los indicios recopilados.
El defensor del detenido, el abogado Nabil El Meknassi, ha rechazado cualquier vínculo de su cliente con los crímenes, atribuyendo el registro a una «investigación precipitada». Mientras, la Fiscalía analiza ampliar la acusación por narcotráfico, dado el volumen de drogas intervenidas. El caso evidencia los desafíos en la persecución de delitos entrelazados con redes criminales, donde las pruebas forenses y la coordinación entre delitos violentos y tráfico de drogas marcan el ritmo judicial.
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