Escalofriante relato de cómo funcionan las mafias en Medellín

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha desestimado recientemente el último recurso presentado por una madre colombiana para obtener asilo político en nuestro país para ella y sus hijos, condenándola además a abonar un máximo de 1.500€ por las costas judiciales.

La sentencia a la que hemos tenido acceso, del día 21 del pasado mes de mayo, detalla que la demandante alega sufrir una persecución por parte de los cuerpos mafiosos organizados de su país de origen. La mujer poseía un pequeño negocio textil en la ciudad de Medellín, situada en una zona bajo el control de uno de estos grupos. Una de sus ramas había acudido a la tienda en busca del pago de la “vacuna”, una especie de concesión con la que le permitirían ejercer su trabajo, pero ella se negó.

En el año 2017, mientras la demandante se encontraba sola, uno de los extorsionadores irrumpió en su negocio y comenzó a amenazarla. Uno de sus hijos, menor de edad, decidió encararse con el hombre e iniciar una pelea, de la que salió con varios dientes rotos. Ante el crecimiento de las tensiones, la mujer toma la decisión de abandonar Colombia: en octubre de 2018, la familia aterrizó en Almería y comenzó a tramitar las solicitudes para conseguir el asilo.

No obstante, su primera solicitud fue denegada, alegando que la indefensión a la que la mujer apuntaba (aseguraba que era inútil acudir a las autoridades colombianas, que colaboran o ignoran voluntariamente las denuncias respecto a esta problemática) no estaba lo suficientemente probada como para que se le pueda conceder el asilo político: este se otorga a la persona que tenga “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas pertenencia a determinado grupo social de género u orientación sexual)”.

La Audiencia Nacional vuelva a considerar que, en este nuevo recurso, la demandante no ha presentado pruebas que acrediten que está sufriendo esta persecución en su país de origen, así como afirma que los cuerpos policiales de Colombia se encuentran comprometidos con la lucha contra este tipo de prácticas, lo cual significa que la mujer no habría agotado todas las opciones de protección en su tierra. Es por ello por lo que vuelve a desestimar su petición, dejando la puerta abierta a un nuevo recurso.

La extorsión de negocios locales es una práctica común por parte de grupos mafiosos de todo tipo: en Italia, las tiendas situadas en zonas de influencia de la mafia deben abonar el denominado pizzo, una contribución que asegura el buen estado de los establecimientos y proporciona a sus trabajadores ayuda burocrática o incluso para luchar contra la competencia.

Negarse a pagar este precio es una sentencia condenatoria: la presión por parte de los extorsionadores se manifestará en vandalismo o incluso acoso a los dueños de dichos negocios, de manera similar al caso que nos ocupa. Estas prácticas en Colombia están inevitablemente asociadas con el narcotráfico, y no dejan de ser una táctica a través de la cual las mafias se aseguran la integración en el territorio y el control de sus habitantes.