Financiación singular

La financiación autonómica es un tema crucial para el desarrollo y la justicia territorial en España. Aunque pueda parecer un asunto técnico y árido, es fundamental para entender las desigualdades y las tensiones entre las diferentes comunidades autónomas. Al abordar la singularidad de Cataluña y su insistencia en un régimen fiscal especial, nos enfrentamos a cuestiones de equidad y constitucionalidad que afectan a todo el país.

La Constitución española establece dos regímenes de financiación: uno para el País Vasco y Navarra, y otro para el resto de las comunidades autónomas, incluida Cataluña. Este último es el régimen común, que se rige por una serie de normas que buscan garantizar la equidad y la solidaridad entre territorios. Sin embargo, dentro de este régimen común, cada comunidad es singular en función de su extensión territorial, nivel de renta, población y densidad poblacional.

Por lo tanto, la singularidad de Cataluña, como la de cualquier otra comunidad, ya está contemplada en el sistema actual de financiación. Cada territorio es único y, como tal, recibe un trato específico dentro de los parámetros establecidos por la Constitución. Se tiene en cuenta la extensión, la densidad poblacional, el nivel de rentas... es decir, la singularidad de cada territorio ya se contempla. Pero los nacionalistas catalanes buscan un sistema similar al cupo vasco, algo que, constitucionalmente, es inviable sin una reforma profunda, aunque con Pedro Sánchez...

Cataluña insiste en una financiación especial, argumentando razones históricas y económicas. Sin embargo, esto plantea una cuestión fundamental: ¿qué hace a Cataluña merecedora de un trato fiscal exclusivo que no se aplique al resto de las comunidades? Legalmente, Cataluña forma parte del régimen común, igual que Andalucía o cualquier otra comunidad. Las demandas de singularidad más allá de lo ya establecido en el sistema común deben ser vistas con escepticismo, especialmente cuando se basan en argumentos históricos que podrían aplicarse igualmente a otros territorios.

Pilar Rahola, una figura destacada del independentismo catalán que pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha, ha argumentado que Cataluña merece este trato debido a su historia y su lucha por la autonomía. Sin embargo, Andalucía también inició su proceso autonómico en la Segunda República, y su avance fue truncado por la guerra civil y la dictadura, al igual que Cataluña, con la única diferencia de que ellos sí aprobaron su Estatuto y el nuestro se quedó en las Cortes Generales para debatirse tras aquel fatítico verano en que los fascistas se sublevaron. ¿Por qué entonces Cataluña debería tener un privilegio fiscal exclusivo? A día de hoy, ambas somos nacionalidades históricas... somos legalmente iguales ¿por qué habría de crearse una diferencia que les privilegiara?

La financiación autonómica debe basarse en principios de solidaridad interterritorial, donde los más ricos contribuyen más para ayudar a los más pobres. Este principio es fundamental tanto para personas como para territorios. Ahora les invito a que hagan ese planteamiento con personas, y que digan si les parece justo y solidario que el dinero que paga un vecino de Pozuelo de Alarcón, el municipio madrileño con más renta per cápita, se desintara a su ciudad, y los de Níjar, uno de los estadísticamente má spobras de España, tuvieran que conformarse con invertir solo aquello que recaudan en él. Si aceptamos la necesidad de solidaridad entre individuos, incluso entre municipios, ¿por qué no aplicamos el mismo criterio a las comunidades autónomas?

La deuda también juega un papel crucial en este debate. Cataluña tiene una deuda significativa, que supera el 30%, mientras que Andalucía, aunque también deficitaria, ha gestionado mejor su economía y es del 20%. Pedir una condonación de deuda beneficiaría más a las comunidades más endeudadas, como Cataluña, en detrimento de aquellas que han sido más responsables fiscalmente. Esto sería profundamente injusto y contrario a los principios de equidad.

Es más, ese sistema de reequilibrio es el que permite a España seguir recibiendo fondos de la Unión Europea, y si España los recibe, ¿por qué no habría de seguir recibiéndolos Andalucía?

Pero si quieren "la llave de la caja" deben comenzar por asumir que su caja está más vacía que la nuestra.

Se quejan también de que las inversiones prometidas por el Gobierno central no se ejecutan... ¿entonces por qué sistematicamente apoyan a Pedro Sánchez? ¿Por la amnistía y los indultos? Pues quizá deberían plantearse qué prefieren.

El dinero que las comunidades autónomas reciben del Estado se destina principalmente a sanidad, educación y servicios sociales. Si el sistema de financiación se modifica para beneficiar a una comunidad en particular, como Cataluña, inevitablemente otras comunidades recibirán menos. Esto no es simplemente una cuestión de pedir más; es una cuestión de redistribuir recursos limitados en un marco que debe ser justo para todos.

Para empezar a hablar de financiación, lo que los andaluces deberíamos poner sobre la mesa son los 10.000 millones de euros que nos debe Sánchez. Eso es lo que tenemos reconocido en el actual sistema y que este moroso no nos paga. Cómo será la cosa, que hasta el expresidente socialista de Valencia. Ximo Puig, pactó con el del PP andaluz, Juanma Moreno, pedir un fondo provisional al Gobierno central, pero ni caso. Que paguen ya.

La financiación autonómica debe seguir siendo un tema de debate serio y equilibrado. Las demandas de Cataluña por un trato especial deben ser examinadas con rigor y en el contexto de la Constitución y la equidad territorial. Todos los territorios son singulares, y el sistema debe reflejar eso, garantizando al mismo tiempo la solidaridad y el equilibrio necesario para el desarrollo justo de todo el país. Las comunidades deben centrarse en gestionar bien sus recursos y en contribuir de manera justa al conjunto del Estado, sin privilegios injustificados que socaven la cohesión territorial.