En España debemos hacer una reflexión sobre el significado del concepto, confiscación fiscal. Como premisa decir que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda financiar las infraestructuras básicas, sanidad, educación y asistencia social, estos temas son claves para que todos los ciudadanos tengan acceso a estos derechos constitucionales y sobre todo garantizar la igualdad de oportunidades.
El conjunto de administraciones del Estado, nos aplican un número de impuestos, en torno a 100 tipos distintos, tenemos impuestos por trabajar (IRPF), impuestos por comprar una vivienda (impuesto de transmisiones), impuesto al vender una vivienda (impuesto de plusvalía), impuesto por habitar nuestra vivienda (IBI), impuesto por gastar (IVA), impuesto por ayudar (impuesto de donaciones), impuesto por ahorrar (impuesto de patrimonio), impuesto por morirte (impuesto de sucesiones), impuesto por tener un coche (impuesto de matriculación), por circular (impuesto de circulación), por tenerlo listo (ITV, si, contribuye a hacer las veces de impuesto ), por la electricidad, y bueno, así como he dicho, hasta más de 100 impuestos.
Nuestra Constitución en su artículo 31.1, reza así: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio¨. Pero el concepto confiscatorio, no queda muy claro.
El Tribunal Constitucional en sentencia 150/190, afirmó que el impuesto no debe agotar la riqueza del contribuyente, de lo cual se deduce que no debe alcanzar el 100% de la renta, menos mal, entiéndase la ironía. En consecuencia esta sentencia no fija un límite a la cantidad de renta sustraída, lo que hace es abrir la puerta a impuestos de hasta el 99%. No deja por lo tanto mucho margen para la duda y desde luego ningún margen para la esperanza, en definitiva nos deja en manos de benevolencia del gobernante de turno, que en todos los casos, antes o después, termina apretando la tuerca fiscal a los ciudadanos.
En mi opinión deberíamos tener una ley marco que limitara el poder del gobernante en favor de la soberanía del individuo y de la sociedad civil, aunque en estos momentos de polarización que vivimos parece difícil que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en esta gran reforma pendiente, entre otras, mediante un gran pacto fiscal.
Si se limitara el tipo impositivo máximo a aplicar sobre la renta de los ciudadanos, se conseguiría dejar en manos de los ciudadanos una mayor cantidad de la riqueza generada, limitar los servicios prestados por las administraciones a los indispensables y evitar la tendencia acromegálica del Estado, de este modo se vería obligado a hacer un uso más racional de sus recursos.
Una de las consecuencias indeseables de este crecimiento desaforado y exacerbado del Estado, propiciado por un exceso de impuestos al ciudadano, es la cantidad de políticos que tenemos en España, mas de 400.000 políticos, uno por cada 115 habitantes mas o menos, mientras que en Alemania por ejemplo, tienen un político por cada 800 habitantes. Es un derroche que no nos podemos permitir, además de ser una situación completamente absurda e ineficaz. Alguien puede pensar, Vicente ha empezado hablando de impuestos y acaba hablando del exceso de políticos en nuestro país, en todas las administraciones, pues como no dudo de su perspicacia, aten cabos ustedes.
La sociedad debe impulsar debates e iniciativas para presionar a los partidos políticos y que no tengan otra opción que acometer esta reforma necesaria, y de este modo poder evitar esta situación actual que sufrimos, resumida en una frase lapidaria de Miguel Delibes: “Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad¨.
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