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La estrategia fiscal implementada por el gobierno de Pedro Sánchez ha generado un intenso debate. Las medidas adoptadas han resultado en una presión fiscal significativa sobre la clase media española. Según los datos disponibles, dos tercios del incremento en la recaudación tributaria provienen directamente de las familias, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la equidad de la política fiscal vigente.
La narrativa oficial del gobierno enfatiza la protección de las familias y la imposición de cargas fiscales a los sectores más acomodados. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Los ciudadanos con ingresos anuales entre 21.000 y 60.000 euros, que difícilmente pueden considerarse parte de la élite económica, están experimentando aumentos significativos en sus obligaciones fiscales.
El año 2024 ha visto una escalada en la recaudación fiscal, con un aumento previsto del 12%. Este incremento se ha manifestado en múltiples formas: ocho alzas en el IRPF, cuatro en el Impuesto de Sociedades, incrementos en el Impuesto de Patrimonio y en el IVA aplicado a productos específicos como las bebidas azucaradas. Estas medidas han llevado a la clase media a convertirse en el principal contribuyente de los ingresos fiscales del Estado.
Además, se han introducido nuevos gravámenes como la tasa Tobin y la tasa Google, así como impuestos adicionales a sectores como la banca y las energéticas. Las cotizaciones sociales han experimentado hasta 17 incrementos, lo que ha generado preocupación sobre su impacto en la creación de empleo y en la viabilidad de autónomos y pequeñas empresas.
El gobierno también ha implementado medidas como el triplicado del canon digital, el aumento de la plusvalía municipal y los valores catastrales. Se ha creado un impuesto temporal de solidaridad dirigido a grandes fortunas, y se han reducido los plazos para los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
Estas políticas buscan incrementar la recaudación en 155 millones de euros adicionales. Se anticipan subidas en el IVA de productos sanitarios y de la electricidad, así como en el gas y la madera, lo que podría repercutir en un aumento de 400 millones de euros más. Incluso los alimentos básicos como el aceite y las pastas podrían ver incrementado su IVA.
En resumen, la política económica actual, liderada por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, ha resultado en 69 aumentos impositivos que afectan principalmente a las familias trabajadoras españolas. Este enfoque ha generado una considerable controversia y ha puesto en cuestión la justicia social de las medidas fiscales adoptadas.
