El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido invertir 20,4 millones de euros en conmemorar el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco bajo el lema "50 años de España en Libertad”. Sin embargo, tras la retórica de memoria democrática —algo necesario para hacer justicia histórica a las víctimas de la Guerra y de la represión— se esconde una operación calculada: la instrumentalización del pasado como arma política. Este gasto, del cual el 39,48% (8,05 millones) se destina a publicidad, no es solo un ejercicio de revisionismo histórico —la democracia no nació en 1975, sino en 1978 con la Constitución, o incluso antes, con la Ley para la Reforma Política de 1976 o las elecciones municipales de 1977—, sino un movimiento estratégico para exacerbar la polarización que beneficia al presidente y regar con fondos públicos a medios afines.
Sí, a los afines, que es algo que por ejemplo no hace la Junta de Andalucía, cuyo gobierno del Partido Popular, es criticado y cuestionado sin misericordia por medios en los que en ocasiones solo aparecen banner de la administración autonómica... el PSOE-A jamás actuó así.
La insistencia en vincular la muerte de Franco con el inicio de la libertad no es un error inocente. Es una narrativa diseñada para activar la polarización. Al asociar 1975 con la ruptura democrática, el Gobierno no solo simplifica la historia —ignorando que la Transición fue un proceso complejo y pactado—, sino que resucita el enfrentamiento entre “los herederos del régimen” y los “defensores de la democracia”. Este relato maniqueo alimenta la grieta izquierda-derecha, un combustible esencial para movilizar a la base electoral del PSOE en un contexto de desgaste político y fragmentación parlamentaria, logrando por un lado, convertirse ellos en el bastión de las libertades uniendo el voto de la izquierda, y por otro enviando a Vox parte del voto del PP. Es un divide y vencerás de manual.
Franco, así, se convierte en un espectro útil. Cada acto de conmemoración, cada titular sobre la dictadura, sirve para recordar a una parte del electorado que la derecha —encarnada hoy por el PP y Vox— representa, según este discurso, una amenaza de regresión, cuando los populares, fruto de la fusión de la UCD y AP, capitaneó ese proceso democrático. La polarización no es un daño colateral: es el objetivo. En un país donde la memoria histórica sigue siendo un campo de batalla, Sánchez aprovecha la sombra del dictador para presentarse como valladar contra el “franquismo sociológico”, oscureciendo así debates más urgentes como la crisis económica o la gestión territorial.
El segundo pilar de esta operación es el reparto de 8 millones de euros en publicidad. No se trata solo de difundir actos conmemorativos, sino de consolidar alianzas con medios afines. En España, donde la financiación pública es un salvavidas para muchos grupos de comunicación, este gasto funciona como un mecanismo de fidelización. Los medios beneficiados —aquellos alineados con el relato gubernamental— reciben un doble mensaje: apoyo económico a cambio de amplificar la narrativa oficial. Es curioso este derroche por parte de quien critica que su adversario político "riega" a "pseudomedios" con publicidad institucional...
Es una estrategia clásica, pero efectiva. Mientras los fondos fluyen hacia periódicos, radios o plataformas digitales próximas al Ejecutivo, se refuerza un ecosistema mediático que reproduce, sin crítica, el mensaje de que Sánchez es el único garante de la democracia. Así, el Gobierno no solo controla el relato sobre el pasado, sino que asegura su proyección en el presente... y eso sin necesidad de que un Elon Musk en camiseta acompañe a Sánchez en las ruedas de prensa.
La elección de 1975 como punto de partida de la “España en libertad” no resiste el análisis histórico. Franco murió en la cama, pero las estructuras del régimen —desde las Cortes orgánicas hasta la falta de libertades— siguieron intactas. La democracia llegó años después, tras la Ley para la Reforma Política (1976), las primeras elecciones libres (1977) y, sobre todo, la Constitución de 1978. Incluso la izquierda antifranquista aceptó que la ruptura no fue instantánea, sino un proceso negociado a derecha e izquierda, justo lo contrario a lo que el propio Sánchez hace, dispuesto a destruir el país que preside antes que darle los buenos días a Feijóo.
Al mitificar 1975, el Gobierno desdibuja la Transición para apropiarse de su legado, pero sobre todo para hacer coincidir la efeméride con su mandato, consciente de que muy posiblemente no esté en La Moncloa en 2028. Se trata de presentar al PSOE como único heredero legítimo de la democracia, omitiendo que esta se construyó con consensos —incluyendo a sectores reformistas del franquismo— y que su éxito radicó en evitar revanchismos. Al reescribir el pasado, Sánchez no honra la memoria: la convierte en un arma partidista.
La conmemoración de Franco no es un acto de justicia histórica, sino un negocio político redondo. Sánchez capitaliza el miedo al autoritarismo para polarizar, desvía fondos públicos a medios aliados y se erige en custodio de una libertad que, en realidad, fue obra de un esfuerzo colectivo. Mientras, el debate sobre cómo sanar las heridas de la dictadura —con políticas concretas de reparación o educación— queda enterrado bajo millones en publicidad y actos vacíos.
El verdadero homenaje a la democracia no debería costar 20 millones, sino consistir en defender sus valores sin explotar sus fantasmas. Pero en la España de 2025, parece que hasta la memoria tiene dueño… y precio.
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