Si tiene un problema la economía española, por encima de cualquier otro, es la deuda pública. En julio de 2024 se sitúa en 1.615.924,8 millones de euros, según datos del Banco de España. En 2018 cerró en 1.173.107 millones de euros, frente a los 384.661 millones de euros antes de la crisis en 2007.
La deuda pública española se disparó debido a la crisis financiero global del 2007 y la reciente crisis provocada por la pandemía del covid19. Aún cumpliendo, como efectivamente cumple España, con la norma del déficit público que marca Europa, el hecho es que sigue creciendo la deuda pública en términos absolutos una vez superada la crisis sanitaria. Por otro lado si medimos la deuda respecto al PIB, esta ha disminuido, gracias al buen comportamiento del crecimiento de nuestra economía, sumando ya un tercer año de crecimiento por encima de media europea, el PIB español creció un 2,7% en 2023, al 6,2% el de 2022 y al 6,7% el de 2021.
La responsabilidad es compartida entre todas las administraciones, la central, autonómicas, provinciales y locales, desde hace 15 años hasta ahora. Las medidas de control que impuso el gobierno central, tras la crisis financiera, al resto de las administraciones, ayudó a controlar esa deuda, pero con la crisis de covid, se relajaron esos controles, para poder atender al descalabro de casi todos los sectores económicos y a los particulares, así que están administraciones han vuelto a disparar su deuda, al unísono que la del Estado.
Uno de los problemas que afecta a la deuda es la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, la norma que lo regula sigue respondiendo a unos criterios que no parecen contentar a nadie, sobre todo a las Comunidades más perjudicadas desde hace tiempo por el criterio de reparto, aún teniendo el mayor presupuesto histórico gracias las transferencias estatales, son Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla La Mancha. Pero hay otro factor que debemos analizar y es la responsabilidad sobre la gestión de estas administraciones, en mi opinión no es lícito escudarse en una insuficiente financiación para así poder endeudarse y además evitar la responsabilidad sobre las deficiencias en los servicios que deben prestar. Hay que saber priorizar las acciones de gobierno con los recursos con los que contamos, al margen de seguir revindicando una mejor financiación.
Los gobiernos de las Comunidades Autónomas, deben priorizar los intereses de los ciudadanos para los que gobiernan y dejar a un lado los tacticismos partidistas y las estrategias de confrontación. A propósito de esta cuestión, recuerdo que cuando tuve el honor de participar en el gobierno de la Junta de Andalucía, durante el desarrollo de las reuniones semanales de la Consejería, una de la indicaciones más reiteradas era: ´Somos gobierno, no somos partido´, así debería ser, cuando se gobierna es para todos los ciudadanos en el ámbito de la administración de la se forma parte. Evidentemente gobiernas con el programa que has presentado a los electores pero no puedes o no debes hacer una comunicación de partido político, en las acciones de gobierno.
Tras las recientes reuniones del Presidente del Gobierno de España con los Presidentes de las Comunidades Autónomas, dirigidas a fijar las posiciones respecto a la financiación de estas y en la que se planteó la condonación de la deuda que estás mantienen con el Estado, se produjeron unas declaraciones por ambas administraciones tanto central como las autonómicas, en las que ha primado el tacticismo y la estrategia política sobre el interés de los ciudadanos, una vez más. Han tenido que ser los empresarios de la Comunidad Valenciana en esta ocasión, los que han reclamado una posición en la negociación más realista y sin duda más beneficiosa para los ciudadanos de esta comunidad.
La estrategia partidista en este caso, utiliza el tema de la financiación de Cataluña, para la confrontación política. Los partidos deben presentar su posición sin lugar a dudas, en un tema que tendrá un largo recorrido parlamentario y posiblemente judicial. El problema es que se ha extravasado el debate y se han incorporado al mismo los Presidentes de las Comunidades Autónomas, que lógicamente puede estar afectados por este improbable cambio normativo, pues afecta a leyes básicas, y al mismo tiempo están faltando a su responsabilidad, a la única tarea que tienen asignada y para la que se les ha nombrado, defender los intereses de los ciudadanos de su ámbito de actuación, nada más y nada menos. El Presidente de una Comunidad Autónoma es gobierno no partido político.
Todos debemos reflexionar sobre esta frase de Josiah Charles Stamp, Director del Banco de Inglaterra en el inicio del S.XX. ¨Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos eludir las consecuencias de eludir nuestras responsabilidades¨.
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