Greenpeace pide al Supremo que anule la sentencia que "absuelve" el hotel Algarrobico

Greenpeace ha instado al Tribunal Supremo a anular la sentencia que declara "plenamente legal" el permiso de obras para el hotel de Azata en Carboneras (Almería), argumentando que su aplicación supone "impedir" su demolición al dejarla "al arbitrio" del ayuntamiento, que se niega a ejecutar todas las resoluciones judiciales relacionadas con la edificación. Esta sentencia, cuyos fundamentos se dieron a conocer hace unos días, da validez a la negativa del ayuntamiento a cumplir el fallo firme que anula el planeamiento urbanístico en el sector ST-1 y a los acuerdos municipales que van en contra del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, lugar protegido.

Greenpeace cuestionó al Tribunal Supremo porque, en su sentencia, "condicionaba la eficacia" de la resolución judicial que desclasificaba el paraje del Algarrobico como urbanizable al acuerdo "formal" del ayuntamiento, el cual "no ha cumplido ni una sola de las numerosas sentencias relacionadas con el hotel". Según el organismo ecologista, el alto tribunal está exigiendo que para restaurar la legalidad urbanística "claramente vulnerada", el Ayuntamiento de Carboneras debe anular "formalmente" una licencia que "ya es nula de pleno derecho" y con su fallo está otorgando competencias al consistorio "que no le corresponden", lo que genera "indefensión".

Greenpeace afirma que el TSJA ordenó la revisión de oficio de la licencia municipal de obras concedida en 2003, la cual sigue siendo plenamente legal dos décadas después, pero el Ayuntamiento aún no ha iniciado ningún expediente al respecto ni tiene la intención de hacerlo. Por tanto, el colectivo ecologista ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones y ha solicitado al Tribunal que revoque la sentencia para que, en una nueva decisión, se tenga en cuenta estas alegaciones y se descarte el formalismo de que el Ayuntamiento revise de oficio la licencia, ya que se considera que esto supone impedir su demolición como único medio de restablecer la legalidad urbanística.

Greenpeace solicitó la pasada semana al Supremo que aclarase la sentencia cuya nulidad pide y explicara por qué el sector ST-1 "figura como urbanizable en el planeamiento urbanístico" si fue anulado por la misma sala en una sentencia firme de 2018. Añadiendo que si la licencia se "sigue ajustando" al planeamiento es porque el Ayuntamiento no ha modificado el PGOU en cinco años, pese a que el alcalde, José Luis Amérigo, se encuentra apercibido con multa desde julio por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Debido a la "complejidad jurídica, e incluso subjetiva por la pluralidad de administraciones que están implicadas" respecto al hotel de Azata del Sol, el Supremo estimó que sería imposible ordenar su demolición por vía judicial y exigió que se llevaran a cabo "los trámites del procedimiento legalmente previsto, es decir, la revisión de oficio".