Grupo21 habría estafado 20 millones a compradores de viviendas

En un revuelo sin precedentes, más de un millar de afectados se han unido para reclamar el dinero invertido en lo que parece ser un masivo fraude perpetrado por la reconocida promotora inmobiliaria Grupo 21. Los perjudicados, quienes depositaron más de 10.000 euros como anticipo para sus futuras viviendas, ahora se enfrentan a la incertidumbre de ver su sueño de adquirir una propiedad convertido en una pesadilla financiera.

El epicentro de este escándalo se sitúa en la Vega de Acá, donde Grupo 21 tenía planeado desarrollar tres promociones, sumado a un proyecto en El Toyo y tres adicionales en Roquetas y Aguadulce. Sin embargo, la realidad actual muestra solares sin construcciones, algunos de los cuales ni siquiera han sido adquiridos, arrojando dudas sobre la viabilidad de las promesas de la promotora.

Fuentes cercanas a la investigación sugieren que el fraude podría extenderse a varias provincias, incluyendo Almería, Murcia y Granada, y se estima que la cantidad total defraudada podría alcanzar los 20 millones de euros. Los representantes legales de los afectados indican que Grupo 21 exigía a los compradores sumas que oscilaban entre 10 y 20.000 euros, montos que hasta el momento no han sido justificados ni devueltos.

La sorpresa ha sido mayor al descubrir que muchos de los solares en cuestión ni siquiera han sido abonados, y en algunos casos, carecían de las licencias necesarias para llevar a cabo la construcción. En otros desarrollos, las obras han sido paralizadas por completo, dejando a los compradores en una situación de indefensión.

Ante este escenario, los afectados han decidido organizarse en asociaciones para emprender acciones legales contra Grupo 21. La demanda no se limita únicamente a la promotora, sino que también se dirige a las entidades bancarias que recibieron los anticipos, ascendentes a varios millones de euros. Se argumenta que estas instituciones deberían haber supervisado el uso de dichos fondos, asegurándose de que fueran destinados a la construcción y desarrollo de los proyectos para los cuales fueron inicialmente adquiridos.

En este contexto, los perjudicados exploran vías legales para exigir responsabilidades tanto a Grupo 21 como a las entidades bancarias involucradas, basándose en presuntos incumplimientos de la ley de vivienda. Mientras tanto, la incertidumbre y la indignación crecen entre aquellos que depositaron su confianza y sus ahorros en un sueño que ahora parece desvanecerse entre acusaciones de fraude y malas prácticas.