La Junta de Andalucía ha firmado un acuerdo para la tramitación urgente del proyecto de decreto sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias como ha indicado el Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. El acuerdo garantiza que la implantación de los grados duales en el sistema público universitario andaluz será prioritaria a partir de 2025. Una vez aprobado el texto legal, esta norma específica autonómica establecerá los criterios para la programación universitaria de la región, así como los requisitos para autorizar, modificar y suprimir planes de estudio de grado, máster y doctorado, además de la necesidad y viabilidad académica y social de estas enseñanzas.
Además, recogerá los procedimientos para la verificación de los planes de estudios de las universidades. Hasta ahora, en Andalucía este proceso de autorización, acreditación o verificación se ha llevado a cabo tomando como referencia el marco estatal que era de aplicación.
Este proyecto de decreto se aplicará al conjunto de las diez instituciones académicas y las nuevas titulaciones a impartir con sus determinaciones se incorporarán al sistema a partir del año 2025. Entre las novedades recogidas, incluye la modalidad de grados y másteres con mención dual, cuya impartición se pretende promover desde la Junta de Andalucía, al igual que la enseñanza interuniversitaria y la de carácter internacional.
Para garantizar que las universidades públicas andaluzas cumplan con los requisitos de los titulados, se suavizarán los criterios exigidos para el conjunto de titulaciones. Los grados y másteres con mención dual permiten a los estudiantes compatibilizar su proceso formativo con una actividad retribuida, que se llevará a cabo mediante un contrato de formación en alternancia. El porcentaje de créditos a desarrollar en la empresa o entidad empleadora varía entre un mínimo del 20% y un máximo del 40% para los grados y entre un 25-50% para los másteres.
Atendiendo a las condiciones que se plantean en el nuevo decreto de ordenación, será necesario formalizar un convenio de colaboración entre el centro formativo y la empresa o entidad empleadora, que definirá con carácter previo las competencias y conocimientos que se pretenden alcanzar de forma complementaria mediante la actividad laboral. Dicho convenio tendrá que recoger un plan formativo para el alumnado que contendrá su itinerario de cualificación laboral, los mecanismos de tutoría y supervisión y los sistemas de evaluación.
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), de reciente creación, será la responsable de constatar que se puede otorgar esa consideración de dual.
Gómez Villamandos ha explicado que esta medida tiene como finalidad favorecer la empleabilidad del estudiantado y su incorporación adecuada al tejido productivo. "La formación dual fomenta que los jóvenes tomen contacto con la realidad laboral desde sus años de estudio", ha apostillado, para añadir que este modelo "garantiza personal cualificado a sectores que lo necesiten, además de un acceso más fácil a un primer puesto de trabajo".
La formación dual es una práctica extendida en muchos países europeos frente a lo que ocurre en España, donde su desarrollo se encuentra en una fase incipiente. Por tanto, según el consejero de Universidad, se trata de "una oportunidad para mejorar la competitividad del alumnado andaluz y para lograr una mayor eficiencia y eficacia de los recursos del propio sistema público universitario de la comunidad".
OFERTA Y DEMANDA
En el decreto de ordenación se establecen las bases que guiarán la aprobación de la programación universitaria de Andalucía, en la que se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la estructura socioeconómica del territorio, su tejido productivo, así como las potencialidades y necesidades de su mercado laboral. También se atenderá a la existencia de una demanda real, tanto por parte de la sociedad andaluza como del estudiantado, que deberá fundamentarse adecuadamente en estudios y referentes externos, según detalla el documento.
El proyecto de decreto también busca un equilibrio territorial en la oferta de grados para evitar duplicidades, eliminar el desajuste entre oferta y demanda y actualizar la oferta con títulos que respondan a las necesidades de la sociedad. Además, debe cumplir con criterios como la suficiencia financiera y de recursos humanos e infraestructura, así como una estrategia de internacionalización. Por otro lado, se otorgará una consideración especial a aquellas titulaciones que puedan responder a las necesidades del tejido económico y productivo del territorio o provincia, aunque sean poco demandadas.
TRAMITACIÓN DE URGENCIA
La Consejería de Universidad ha iniciado la tramitación del proyecto normativo mediante la vía de urgencia con el fin de implementar a la mayor brevedad posible los diversos procedimientos regulados en el documento y vinculados a la aprobación de la propia programación universitaria, la verificación de los planes de estudios o la autorización para la implantación de nuevas titulaciones. De hecho, desde el primero hasta el último de los trámites implicados en la aprobación de nuevas enseñanzas suele transcurrir un año y medio como mínimo.
Los últimos títulos de grado que se han aprobado en Andalucía, como es el caso de Medicina de Almería y Jaén, obtuvieron la autorización en 2010, fecha a partir de la cual no se ha vuelto a dar luz verde a ningún otro.
El texto legal ya tiene incorporadas las aportaciones realizadas por las diferentes universidades públicas andaluzas a través de las reuniones que ha venido manteniendo en los últimos meses el consejero José Carlos Gómez Villamandos con los vicerrectores de ordenación académica y de internacionalización. Además, ya se ha sometido a consulta pública previa, por lo que el siguiente paso que se dé será el trámite de información pública, en el que la ciudadanía, así como las asociaciones y entidades afectadas por este cambio normativo tendrán la oportunidad de realizar sugerencias y observaciones.
Con posterioridad, la Consejería de Universidad procederá a solicitar los correspondientes informes preceptivos, entre los que destacan, los del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía. También tienen esa consideración los emitidos por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y por el Consejo Consultivo. Tras completar todo el proceso, el proyecto de decreto será remitido finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y su entrada en vigor.
En la actualidad, en el sistema universitario andaluz existen 1.336 títulos oficiales, de los que 1.294 se imparten en las instituciones académicas públicas y 42 en la Universidad Loyola de Andalucía, de naturaleza privada.
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