Hace ahora tres meses que se decretó el primer estado de alarma. La situación inicial de confinamiento se ha traducido, a nivel social, en que cientos de familias no han podido trabajar y, por tanto, no han ingresado nada. Con menores o personas de edad avanzada a su cargo, con hipotecas, frigoríficos que llenar y gastos farmacéuticos, muchas se han visto abocadas a solicitar ayuda urgente. Una ayuda que han canalizado desde el primer día los cuatro Centros de Servicios Sociales comunitarios del Ayuntamiento de Almería, que han sido capaces de gestionar hasta 400 llamadas diarias y ayudar a más de 6.000 familias.
La ciudad puso también desde el primer día toda su maquinaria a trabajar para destinar más de un millón de euros a ayuda social. Ayuda por emergencia social, adecuación y apertura del albergue juvenil (cedido por la Junta) como segundo centro municipal de acogida, apertura de centros educativos para que la Junta pudiera continuar con el programa de alimentación en colegios, convenios con Cruz Roja y Cáritas para agilizar las ayudas y que las familias pudieran comprar bienes de primera necesidad, atención a la soledad de los mayores, prestación de ayuda para terapias a asociaciones del tercer sector y tramitación de ‘expedientes COVID’. En total, se han tramitado 730 expedientes de ayuda en algo más de dos meses, lo que ha obligado a los trabajadores de los Centros de Servicios Sociales a trabajar muy por encima de su horario.
Ahora ven cómo la gestión del Ingreso Mínimo Vital que va a implantar el Gobierno de España recae también en ellos. Al borde del colapso y con un incremento de las atenciones que duplica al habitual (el 60% de las familias atendidas estos meses nunca antes había sido usuaria de servicios sociales) saben que, sin más recursos, no van a poder gestionar una medida que, según una primera estimación, llegaría a 3.600 familias en la capital. Su preocupación, que es también la nuestra, necesita una respuesta. Y esa respuesta no la puede dar el Ayuntamiento solo. La puesta en marcha del IMV va a suponer 1,2 millones de euros para las arcas municipales y hace imprescindible contratar a 15 trabajadores más. Lo único que pedimos al Gobierno es un fondo económico adicional para que el Ingreso Mínimo Vital no lastre las ya tocadas economías locales. IMV sí, pero con recursos.