La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha concedido a un acusado, cuya labor como narcotraficante de hachís fue comprobada, una indemnización de 10.000€ por la prolongación innecesaria de su estancia en prisión preventiva.
El documento de la sentencia al que hemos tenido acceso, emitido el pasado 19 de mayo, recoge el relato de los hechos por los que se condenó al acusado a este encierro, del que posteriormente fue absuelto mientras aún seguía en la cárcel. Según se relata en los diferentes documentos judiciales, el hombre (junto con otro compañero) intento contar con las embarcaciones de uno de sus vecinos (también implicado con el narcotráfico, líder de una organización) para llevar a cabo el transporte de hachís desde Marruecos hasta Almería, donde las naves estaban ancladas.
La resistencia del vecino a acceder a sus peticiones llevó a los traficantes a desistir en el intento de usar sus barcos. Cuando son posteriormente detenidos, y el acusado condenado a prisión preventiva, se prueba que esta intención de colaborar con la organización no llegó a llevarse a cabo, lo cual también sirve para desligar al hombre del proceso de transporte de hachís que quería llevar a cabo: no se puede probar cuando ha sucedido este, qué cantidades se han movido, o siquiera si ha llegado a darse ese transporte una vez termina la vinculación entre el condenado y su vecino.
Al no haber suficientes pruebas para su condena efectiva por este delito (aunque estuviera probado su dedicación al tráfico de hachís), el acusado fue absuelto, pero permaneció en prisión durante más de 1.000 días. Es por ello por lo que, una vez es liberado, solicita una indemnización por los prejuicios que su encarcelamiento le causó: exige una cuantía de 150€ por día, lo que suma a un total de 181.350€. Su petición inicial es denegada, ante lo cual presenta el recurso que se estudia en la sentencia que nos ocupa, y que lleva a la Audiencia Nacional a una estimación parcial de las demandas del acusado.
La ley española contempla la posibilidad de que una persona encarcelada pueda solicitar una indemnización si considera que su ingreso a prisión ha sido improcedente o ha incumplido una serie de garantías legales: una de ellas es, precisamente, la inexistencia del hecho imputado. Para este caso, el tribunal considera que no se debe hacer una distinción entre una inexistencia como tal u otra debida a la insuficiencia de pruebas (que es lo que sucede con el caso del acusado).
El principio de igualdad ante la ley obliga entonces a considerar que el traficante, cuya implicación en el delito no ha sido suficientemente probada (a pesar de que se considere como hecho evidente su parte en sucesos de narcotráfico) tiene también derecho a acogerse a la solicitud de indemnización.
El cálculo de la cuantía es precisamente en lo que difieren tribunales y defensa: la Audiencia Nacional no considera probado que el tiempo en prisión del acusado hubiera causado algún tipo de prejuicio a su vida personal, ya que la defensa no aportó nada que así lo demostrase. Es por ello por lo que se considera procedente indemnizar al acusado con 10.000€, en base a los cálculos que se han hecho en sentencias similares. Esta sala de la Audiencia ofrece además la posibilidad al acusado de presentar un recurso de casación, donde podrían recabar y aportar las pruebas de prejuicios al acusado.
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