En España no existen "regiones". Existen comunidades autónomas, entidades políticas con competencias y autogobierno reconocidos constitucionalmente. Andalucía, como comunidad histórica, accedió a su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, un logro que simboliza su identidad y su capacidad para decidir sobre asuntos propios. Sin embargo, el reciente acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para redistribuir menores extranjeros no acompañados —y otros pactos paralelos, como la negociación de la deuda autonómica o la financiación— no solo evidencia un centralismo disfrazado de progresismo, sino la incoherencia flagrante de quienes, como María Jesús Montero, dicen defender la autonomía andaluza mientras participan en su vaciamiento.
María Jesús Montero acumula cuatro roles clave: vicepresidenta del Gobierno central, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Desde esta cuádruple posición, su discurso se basa en reivindicar el autogobierno andaluz y denunciar los supuestos agravios de la comunidad. Pero la realidad desmiente sus palabras. Montero forma parte de un Ejecutivo central que, en lugar de dialogar con la Junta de Andalucía —hoy gobernada por el PP—, negocia directamente con Junts, un partido catalán de derechas en la oposición en España y Cataluña, cuyo líder, Carles Puigdemont, permanece en el exilio tras huir de la justicia española en 2017.
El acuerdo sobre menores no acompañados —un asunto que afecta directamente a los servicios sociales, educativos y sanitarios andaluces— se ha cerrado sin contar con la comunidad autónoma. Es decir: el Gobierno central, con Montero en su cúpula, decide sobre Andalucía negociando con una fuerza política que no gobierna ni en Cataluña ni en España, que ha promovido la secesión y cuyos representantes están fuera del sistema judicial. ¿Cómo puede Montero presentarse como valedora de la autonomía andaluza si avala que su futuro se pacte en Madrid con actores ajenos a sus instituciones?
La contradicción es evidente. Mientras el PSOE andaluz promete en su campaña "recuperar la dignidad" de la comunidad frente al supuesto "abandono" del PP, su secretaria general participa en un Gobierno que impone decisiones clave sin consultar a la Junta. No se trata solo de menores extranjeros: la llamada "quita de la deuda", un ajuste en la financiación autonómica, también se negocia con Junts, ignorando a Andalucía. Montero, debería dejar constancia de que para ella Andalucía está lo primero, pero no lo es, porque antes está Pedro Sánchez, después el PSOE, luego el PSOE-A... y muy, muy al fondo del cajón, una Andalucía sumisa y apesebrada, como cuando Manuel Chaves campaba tras ser un "candidato a palos" como le pasa a ella.
Este comportamiento no es solo hipócrita; es un ataque al modelo autonómico. Si las decisiones que afectan a los servicios públicos andaluces —desde la acogida de menores hasta la gestión de la deuda— se toman en Madrid y Waterloo y sin contar con la Junta, ¿qué queda de la autonomía? Montero, en lugar de defender los intereses andaluces, se pliega a la lógica de un Gobierno que trata a las comunidades como meros apéndices, tal cual puede verse en el modo en que Sánchez ha ido colocando a sus ministros el liderazgo socialista de cada una de ellas.
El PSOE justifica sus pactos con Junts como un mal necesario para garantizar la estabilidad. Más grave aún es que, al negociar con Junts, el Gobierno central otorga a una fuerza minoritaria y sin responsabilidad institucional actual —no gobierna en Cataluña, y el president Illa, socialista él, no ha dicho esta boca es mía ni con la quita de la deuda ni con la financiación, ni ahora con la inmigración— un poder desproporcionado sobre asuntos andaluces. Andalucía, que aporta el 16% del PIB estatal, ve cómo su futuro se decide no solo fuera, sino por gentes como las de Junts, que desprecian a los andaluces de modo constante, sistemático y estructural.
Montero, como candidata a presidir la Junta, debería rechazar este esquema. En cambio, lo avala. Su silencio legitima un sistema donde la autonomía es papel mojado cuando conviene al centralismo.
La pregunta es clara: ¿con qué autoridad puede Montero pedir el voto de los andaluces prometiendo defender su autogobierno si, desde el Gobierno central, colabora en vaciarlo? Andalucía no necesita ventrílocuos que hablen de autonomía mientras firman acuerdos a sus espaldas. Necesita líderes que exijan que las decisiones sobre su territorio se tomen en su Parlamento, con transparencia y lejos de cálculos partidistas.
El PSOE andaluz tiene una elección: seguir siendo cómplice de un centralismo maquillado o recordar que su razón de existir es servir a Andalucía, no a los intereses de Moncloa. De lo contrario, no serán necesarios discursos sobre agravios: ellos mismos estarán agraviando a su tierra.
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