En el año 2017 unos hijos solicitaron la ayuda domiciliaria a la dependencia para sus padres, tenían diagnosticado una enfermedad degenerativa en fase inicial, y tras la valoración les fue rechazada la ayuda, al cabo de un año empeoró el padre y volvieron a solicitar la valoración, pero en el proceso de espera el padre falleció a inicios de 2020. Ahora están tratando que no suceda lo mismo con su madre y han vuelto a solicitar hace un año su valoración, de momento lamentablemente aún no se ha producido. Esta historia es real y se produce en nuestra provincia con demasiada asiduidad. Puede ser un caso extremo, pero no es único y aún no siendo tan extremos en la mayoría de los casos, las ayudas llegan cuando la situación del dependiente ha empeorado o aún muchísimo peor no llega a tiempo, en otros casos.
Ninguna administración puede intentar eludir su responsabilidad, pues las competencias en materia de dependencia están repartidas entre las diversas administraciones, El Gobierno Central tiene competencias en los marcos legales y la financiación. A la Comunidad Autónoma, por medio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, le compete la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios dirigidos a la autonomía personal, prevención y atención a las personas en situación de dependencia. La diputación provincial o los municipios de más de 20,000 habitantes, tienen la competencia de la Gestión de Centros de Servicios Sociales Comunitarios, la elaboración de Programas Individuales de Atención (PIA), la coordinación con los servicios sanitarios y otros organismos para proporcionar una atención integral a las personas en situación de dependencia, el control y seguimiento de la calidad de los servicios prestados, en centros o en domicilios.
Sin duda las intenciones de las administraciones son avanzar y progresar en el sistema de dependencia, se ha estado trabajando desde el punto de vista legislativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas dependientes. En España se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Actualmente se está trabajando en el Anteproyecto tanto de la reforma de la ley general de discapacidad como de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, El Gobierno de España anuncia que saldrá a trámite de audiencia pública y consulta este mes de febrero de 2025.
En Andalucía mediante el decreto-ley 3/2024 de 6 de febrero de simplificación administrativa, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa se aprobó la modificación del procedimiento de gestión de la dependencia para que su tramitación sea más ágil. La principal novedad es la reducción a una única visita al domicilio de la persona que solicita la dependencia, Asimismo, se unifica a una sola resolución administrativa de reconocimiento la situación de dependencia y derecho a prestaciones.
Pero los resultados son nefastos en la actualidad, la situación real de las personas que solicitan la dependencia en Andalucía es caótica. Hay que esperar dos años para recibir la ayuda, desde el inicio de la tramitación. En tan solo un año la lista de espera de la dependencia ha aumentado en 5.000 personas, este año se ha situado en 32.099 personas, mientras en 2023 se cerró en 27.745. Es cierto que desde 2021, ha habido un aumento del 4% en las solicitudes, pero esto no justifica los datos que están empeorando progresivamente, el tiempo medio de espera para resolver una solicitud es de 602 días una vez realizada la valoración, muy por encima del plazo legal de 180 días.
Uno de los problemas clave es la financiación, sin duda insuficiente para poder atender en tiempo y forma a las personas solicitantes. En Andalucía, el Ministerio de Derechos Sociales aporta en la actualidad el 38% de la financiación, es la segunda comunidad autónoma que más fondos recibe, tras Galicia. Aún así la normativa establece una financiación del 50% Estado y 50% Comunidad Autónoma, es por lo que la Junta de Andalucía reclama al Gobierno, 4,000 millones de euros del periodo 2019 a 2024, De hecho el año 2024,la Junta ha aportado 1.233 millones para atender a las personas en situación de dependencia y el Gobierno de España ha puesto 729 millones. Hay que exigir que el gobierno suba la aportación para la dependencia, dado que la financiación es esencial, pero también lo es la gestión de los recursos, la administración autonómica debe priorizar en sus presupuestos las necesidades reales de los ciudadanos y así dar respuesta a una de las principales atribuciones que tienen las comunidades autónomas, junto con la Salud y la Educación.
En Almería, en diciembre de 2023 había 27.267 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia y en septiembre de 2024 son 25.907, es decir hay menos beneficiarios de las ayudas a final del año pasado con respecto al anterior, no tiene sentido pues ha subido el número de solicitantes, hasta agosto de 2024, se habían registrado un total de 32,304 solicitudes para la dependencia en nuestra provincia. Por lo tanto, lo que ha aumentado es la lista de espera de forma inadmisible, dando lugar a dramas familiares y personales en todos los municipios de nuestra provincia, dramas con nombres y apellidos, que quedan ocultos por la estadística.
Os recuerdo lo que decía George Bernard Shaw sobre la estadística, ¨La estadística es una ciencia que demuestra que, si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno.”
Decía Milton Friedman, que ¨uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados¨.
Y es que el trabajo de los políticos merece la pena cuando se hace posible lo necesario.
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