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En un mundo cada vez más globalizado y dinámico, la relación entre el Estado y la economía es un tema de constante debate. Durante gran parte del siglo XIX y hasta los primeros años de la democracia, prevaleció la idea de que el Estado debía reforzar su participación en sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, la integración de España en la Comunidad Europea marcó un cambio significativo hacia la liberalización económica y la privatización de empresas estatales.
La firma del Tratado de Maastricht en 1992 fue un hito crucial. Este tratado sentó las bases para la creación de la moneda única en la Unión Europea. Para cumplir con los criterios de convergencia, España optó por vender sus participaciones en empresas clave como Endesa, Repsol, Argentaria, Ence y Telefónica. En 1996, se aceleraron las privatizaciones, afectando a 76 empresas públicas, incluyendo Gas Natural, Aldeasa, Aceralia, Tabacalera, Iberia, Indra y Aena.
Antes de este proceso masivo de privatizaciones, España contaba con alrededor de 130 empresas públicas. Hoy, apenas quedan 26. Si bien estas privatizaciones generaron ingresos inmediatos, a largo plazo dejaron al Estado con una capacidad limitada para proteger sectores estratégicos. El 42% de las empresas vendidas pertenecían al sector energético, y otras áreas como las telecomunicaciones, la industria, la movilidad y las finanzas también se vieron afectadas.
A pesar de las exigencias de la Unión Europea, España fue más allá al reducir drásticamente su presencia estatal en la economía. Las empresas públicas españolas ahora representan solo el 5% del PIB, en comparación con países vecinos como Francia (13%), Suecia (12%) y Finlandia (más del 40%).
Recientemente, se han dado pasos para revertir esta tendencia. La creación de una “SEPI digital” con una inversión de 20.000 millones de euros y la entrada del Estado como accionista de Telefónica son ejemplos. Sin embargo, los intentos de inversión extranjera en empresas como Naturgy demuestran la necesidad de proteger nuestra autonomía estratégica.
La conclusión contraria a la privatización masiva es que el Estado debe tener una presencia marginal en la industria. En lugar de ser propietario directo de empresas, su papel principal debería ser la regulación efectiva. Esto implica garantizar condiciones equitativas, proteger los derechos de los consumidores y promover la competencia. Un Estado regulador fuerte puede fomentar la innovación y la eficiencia sin necesidad de ser el principal actor económico.
En resumen, encontrar el equilibrio adecuado entre la intervención estatal y la libre empresa es esencial. Una regulación inteligente y proactiva puede garantizar un mercado justo y competitivo sin sacrificar la autonomía estratégica de nuestro país.
