La alcaldesa de Garrucha tendrá que responder en pleno sobre la investigación de la UCO

Será el próximo 13 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal Alcalde Manuel Bererezo Ayora de Garrucha. Ese ese el lugar y la hora de la convocatoria del pleno extraordinario que tendrá a petición del Partido Popular para que la alcaldesa, la socialista María López Cervantes, de cuenta de los pormenores de la investigación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está realizando en el Ayuntamiento, lo que ha conllevado la entrada de agentes en el Consistorio, y la requisitoria de diversos expedientes y abundante documentación.

El pleno solo tiene dos puntos en el orden del día consultado por Noticias de Almería, siendo el primero la petición de explicaciones, ya que desde el PP aseguran que no se les informa de nada sobre este asunto, y lo segundo es proponer la creación de una comisión de investigación municipal sobre la misma documentación reclamada por la UCO, para valorar políticamente la situación y pedir las responsabilidad a que hubiese lugar.

La investigación comienza hace ahora casi un año, cuando el concejal de Garrucha para la Gente, Álvaro Ramos, presenta el 28 de julio en el Juzgado de Vera una denuncia contra la alcaldesa por un presunto “delito de obstrucción” y por “las demás irregularidades que pudieran derivar”.

En su denuncia, el concejal explicaba que había solicitado información sobre varias facturas en noviembre de 2020 pero no se le ha dado, y que lo mismo ha ocurrido con el expediente relaticvo a una sanción de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento por el pago de sueldos encubiertos como dietas.

A partir de ahí la Fiscalía inicia sus propias diligencias por la denegación de la información solicitada, y de ahí comienzan a derivarse luego otros asuntos que también están por aclarar, como el del gasto excesivo en combustible, unas cifras de consumo que podrían no tener una explicación razonable si se atiende solo al parque móvil municipal. De hecho, el concejal apunta al caso de una barredora a la que se le echa más combustible del que le cabe en el depósito, según la factura correspondiente, o que se pagan repostajes en gasolineras de la aldea del Rocío (Huelva) o en Cuenca.

El asunto debe estar siendo valorado como grave porque la alcaldesa ha contratado el despacho de abogados del exjuez Javier Gómez Bermúdez, que presidió la sala del juicio por el atentado terrorista del 11-M, y que no es precisamente barato, si bien lo ha hecho mediante un contrato menor para no tener que sacar a licitación pública este servicio.

La petición de pleno del PP ha motivado el nerviosismo del PSOE, que en redes sociales ha acusado a esta formación cuyo portavoz es el exalcalde Juan Fernández, de hacer seguidismo de la izquierda y de haberse "entregado" a Podemos, a cuyo edil tachan de "nefasto y surrealista".