En un día que prometía ser rutinario, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia emitió una sentencia que resonaría en los ecos del poder político español. La condena al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, por el llamado caso Erial, marcó un hito en la historia reciente de la corrupción en España. Se le impusieron penas que suman diez años y cinco meses de prisión, tras comprobarse que había recibido comisiones ilegales por la adjudicación de estaciones de ITV entre 1997 y 2003. El tribunal no solo lo declaró culpable de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, sino que también decidió inhabilitarlo durante un total de diecisiete años y diez meses para ejercer cualquier empleo o cargo público. Además, se le impuso una multa que supera los 25 millones de euros. Sin embargo, fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal. A pesar del peso de esta sentencia, aún queda un camino por recorrer; no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La sala llegó a una "ineludible conclusión" sobre el origen del dinero que Zaplana había canalizado a través de cuentas en Andorra. Según los magistrados, este capital provenía directamente de su actividad política, lo cual le otorgaba acceso a información privilegiada y contactos en el mundo empresarial y financiero. El tribunal subrayó que las cuantías involucradas no podían justificarse únicamente con su salario como político activo. El fallo, que abarca 364 páginas y fue dado a conocer un martes cualquiera, no solo afectó a Zaplana. Otros seis acusados recibieron penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión. Entre ellos se encontraban figuras cercanas al expresidente: su abogado Francisco Grau fue condenado a cinco años y una multa millonaria por blanqueo de capitales; Juan Francisco García, su antiguo jefe de gabinete, recibió casi tres años por varios delitos; mientras que Joaquín Miguel Barceló, amigo y testaferro del exministro, también enfrentó una condena. Los hermanos Cotino, conocidos en la esfera política valenciana debido a sus vínculos familiares con figuras influyentes como Juan Cotino —exdirector general de la Policía— también fueron condenados. José Cotino recibió dos años por cohecho y Vicente Cotino tres años y cinco meses por varios delitos relacionados. La sentencia destacó cómo algunos acusados colaboraron con la justicia durante el juicio. Esta colaboración fue valorada positivamente por el tribunal e influyó en las decisiones sobre sus penas. Por otro lado, un grupo significativo fue absuelto; entre ellos figuraban otros políticos como José Luis Olivas y miembros cercanos al entorno de Zaplana. Este desenlace dejó claro que no todos los caminos llevaban a la culpabilidad. El tribunal describió cómo Zaplana había diseñado un entramado complejo para ocultar los fondos obtenidos mediante comisiones ilegales. Utilizando diversas sociedades en España y países como Panamá y Luxemburgo, logró canalizar grandes sumas sin levantar sospechas. En este contexto, se estableció que era el "titular real o último beneficiario" de esos fondos. Sin embargo, respecto a otro aspecto del caso relacionado con parques eólicos en la Comunitat Valenciana, los jueces no encontraron pruebas suficientes para incriminarlo junto a su colaborador Juan Francisco García en el proceso administrativo correspondiente. En cuanto al destino final del dinero mal habido, la sala ordenó el comiso de bienes pertenecientes a Zaplana. Esto incluyó más de seis millones de euros transferidos desde cuentas suizas bajo nombres ficticios; además se confiscó un Audi Q7 y efectivo encontrado tanto en su despacho como en su vivienda madrileña. Así concluye un capítulo oscuro para uno de los hombres más influyentes del Partido Popular en Valencia. La historia del caso Erial no solo refleja las sombras que han acechado a la política española durante décadas; también plantea interrogantes sobre la responsabilidad colectiva frente a actos individuales dentro del sistema político. Mientras tanto, Eduardo Zaplana enfrenta ahora las consecuencias legales de sus acciones pasadas bajo el peso implacable de una justicia que busca restablecer la confianza perdida entre ciudadanos e instituciones.
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