Ha recurrido el auto del TSJA de no aceptar como prueba de ello un audio de la negociación
La defensa del futbolista vigués Santi Mina ha recurrido contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no aceptar como prueba las conversaciones previas al juicio para revisar la condena a cuatro años de prisión por abuso sexual. La abogada Fátima Rodríguez sostiene que el alto tribunal debe determinar si las declaraciones de la víctima están influenciadas por el interés económico del frente del Al-Shabab de Arabia Saudí, sin importar si los hechos denunciados son ciertos o no.
La abogada Fátima Rodríguez afirma que, debido a la falta de confianza de la información aportada por la víctima, el testimonio de ésta carece de confianza. Esto, a su vez, conduciría a la absolución de Santi Mina por falta de pruebas incriminatorias.
Rodríguez se basa en la jurisprudencia reciente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) y en la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para apoyar su recurso a la denegación de la prueba para demostrar el fin espurio de naturaleza económica de la denuncia . Sin embargo, no especifica exactamente los términos de su argumento.
La defensa de Santi Mina presentó correos electrónicos para demostrar que la víctima había exigido una cantidad de dinero para retirar la acusación o cambiar su versión. En un auto reciente, el TSJA consideró "impertinente" el alcance de dichas comunicaciones al alegar un "error en la valoración de prueba" por parte del tribunal de la Audiencia Provincial de Almería.
El TSJA destacó que, sea cual sea el contenido de las negociaciones, no pueden invocarse ahora en segunda instancia para realizar una nueva valoración de los hechos, sino que el fallo se debe limitar a determinar si se puede identificar o no un error en la valoración .
La Audiencia Provincial pensó que las comunicaciones entre letrados de ambas partes acerca de la posibilidad de una retirada de la acusación particular a cambio de compensación económica no eran relevantes para el caso, y por lo tanto no podrían ser admitidas como prueba. Esto se debe a que tales comunicaciones no significaban un reconocimiento de los hechos por parte del acusado ni una prueba de la falta de veracidad del denunciante. Además, el Código Deontológico de la Abogacía excluía estas comunicaciones como prueba.
Por lo tanto, la Audiencia Provincial pensó que estas comunicaciones no eran relevantes ni pertinentes para el caso y por lo tanto no deberían ser admitidas como prueba.
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