El gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo de la izquierda parlamentaria, ha logrado algo que ni los liberales más radicales podrían haber imaginado: asfixiar a la clase media con una carga fiscal histórica mientras se presentan como sus salvadores. Y en esta cruzada recaudatoria, una figura destaca con luz propia: María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Hacienda y potencial candidata del PSOE para la Junta de Andalucía.
Pues bien, si esta es su carta de presentación para conquistar a los andaluces, va lista. Entre la presunción de inocencia, el ataque a las universidades privadas, el vasayaje a Junts, el aplauso a los corruptos de los ERE, obligar a que pague IRPF quienes cobran el SMI, y ese ninguneo constante que le hace su jefe en cualquier enfrentamiento con Yolanda Díaz...
En 2024, los asalariados y pensionistas españoles estuvimos soportando la mayor mordida fiscal de la historia a través del IRPF. No hablamos de la recaudación total, que también está en niveles récord pese a lo cual la insaciable Montero quiere subir impuestos y crear nuevos, sino del porcentaje de los ingresos que Hacienda se queda. Hace apenas ocho años, en 2017, el tipo medio que pagaban los salarios en España era del 15,3%. En 2024, alcanzó un 17,1%, y ahora en 2025, sigue en niveles similares. En otras palabras, de cada 1.000 euros que un asalariado declara, 171 se los lleva el Estado solo en concepto de IRPF. En el caso de los pensionistas, la escalada ha sido igual de agresiva: en 2017 pagaban 7,6 euros por cada 100 de prestación, y ahora son 10 euros.
Y eso no es todo. A esta carga fiscal desorbitada hay que sumarle el impacto del IVA, que sigue disparado debido a la inflación que hemos soportado en los últimos años. Los precios han subido y, con ellos, el porcentaje de impuestos que pagamos en cada compra independientemente de la renta de cada cual. A esto hay que añadirle unos impuestos municipales en máximos históricos, que golpean especialmente a la clase media (los de bajos ingresos no pagan prácticamente nada y además reciben ayudas), ya sea en tasas por la vivienda, circulación o cualquier otro concepto que los ayuntamientos han encontrado para seguir exprimiendo al contribuyente.
Todo esto mientras se nos repite el mantra de que se gobierna "para la gente" y que el objetivo es proteger a los más vulnerables. La realidad es otra: un expolio fiscal que recae, sobre todo, en la clase media, esa que trabaja, ahorra y no tiene acceso a las ayudas y subvenciones con las que el gobierno trata de comprar lealtades políticas.
Y aquí es donde entra en escena María Jesús Montero, una política que ha hecho carrera vendiendo las bondades de una política fiscal confiscatoria. La misma que, como ministra de Hacienda, ha perfeccionado el arte de exprimir hasta el último euro del contribuyente.
Pero más allá de la propia personalidad de Montero, parece un error de libro, un error monumental, elegir como candidato a quien se ocupa de recaudar los impuestos.
El PSOE andaluz ya sabe lo que es perder el control de Andalucía tras décadas de hegemonía. Y si cree que con una candidata que simboliza la apisonadora fiscal de Pedro Sánchez va a recuperar el terreno perdido, quizá debería replantearse la estrategia. Aún están a tiempo porque Montero no es oficialmente la candidata.
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