La Fiscalía califica de "micro Operación Poniente" el proceso contra Rifá

El juicio contra el empresario hotelero Miguel Rifá, acusado de alzarse con bienes por valor de 98,6 millones de euros para eludir el pago de impuestos, ha continuado hoy con la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han rechazado que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los procesados por las intervenciones telefónicas realizadas por Vigilancia Aduanera, que consideran “avaladas y controladas con todas las garantías judiciales”. También han negado que haya prescripción de los delitos fiscales ni indefensión de los acusados, que fueron citados a declarar antes de 2014.

La fiscal ha calificado el caso como un “micro Poniente” por su “complejidad”, pero ha defendido que la instrucción se llevó a cabo en un plazo “no excesivo” de cinco años, teniendo en cuenta que se vio afectada por el estado de alarma por la pandemia de covid-19. Ha sostenido que las escuchas telefónicas fueron clave para destapar el entramado societario y patrimonial que habría utilizado Rifá para ocultar sus bienes y evitar el pago de impuestos. Ha señalado como cooperador necesario a I.M.M., quien habría facilitado la venta ficticia de propiedades a sociedades pantalla.

La Abogacía del Estado se ha adherido a los argumentos de la Fiscalía y ha reclamado que se mantenga la acusación por siete delitos contra la Hacienda Pública, uno de ellos en grado de tentativa, y dos delitos de insolvencia punible. Ha cifrado en más de 40 millones de euros la cuota defraudada por Rifá entre los años 2008 y 2011, correspondiente al IVA, el impuesto de Sociedades y el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Las defensas han insistido en la nulidad de las intervenciones telefónicas, que consideran “ilegales” y “prospectivas”, y han alegado que los delitos fiscales han prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde su comisión. Han denunciado también la indefensión de sus representados, que no habrían tenido acceso a toda la documentación del caso. El abogado de Rifá ha negado que hubiera alzamiento de bienes ni ánimo defraudatorio en las operaciones realizadas por su cliente, y ha atribuido su situación de insolvencia a la “crisis financiera” que afectó al sector hotelero.

El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración del principal acusado, Miguel Rifá, quien se enfrenta a una petición fiscal de 29 años y once meses de prisión. La vista oral está prevista que se prolongue durante toda la semana ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.