Tras ser leido el veredicto del jurado popular que condena a Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del pequeño Gabriel Cruz, la Fiscalía ha sido más dura que la propia acusación particular a la hora de pedir las condenas contra ella.
Así, la fiscal Elena María Fernández, ha solicitado la prisión permanente revisable, lo mismo que la acusación particular que representa a los padres, Ángel y Patricia, aunque el letrado Francisco Torres no ha logrado demostrar el enseñamiento que le diferenciaba en su relato de hechos del sostenido por el ministerio público.
A partir de ahí, la fiscal ha pedido que la condenada no se pueda acercar a menos de mil metros de los padres durante 30 años, cosa que no ha hecho Torres. Respecto a los daños psicológicos y morales, la acusación suma 10 años y la fiscalía menos, ésta añade cinco años más de alejamiento de los padres, que no pide Torres.
En cuanto a las costas, no hace mención la acusación particular, pero la fiscalía apunta que Ana Julia deberá pagar al Estado 200.203 euros por la búsqueda de Gabriel, e indemnizar a cada uno de los padres con 300.000 euros, más 85.000 por cabeza por los gastos en medicación y tratamientos psicológicos, y otros 160.000 para la abuela del menor. Torres por el contrario se ha limitado a reclamar 250.000 para cada uno de los progenitores.
La defensa ha pedido las penas mínimas en cada delito, y ha puesto de manifiesto la situación de insolvencia de Ana Julia de cara a las indemnizaciones solicitadas.
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