La huelga retrasa el juicio contra el alcalde Fines

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha causado la suspensión del juicio contra el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y un exconcejal de Urbanismo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería. La Fiscalía les acusa de un delito continuado de prevaricación relacionado con la ordenación del territorio y solicita tres años de prisión. Además, el juicio involucraba a otros tres promotores y constructores que habrían realizado obras sin permisos adecuados, por lo que la Fiscalía pide dos años de prisión para cada uno. Todavía no se ha anunciado una nueva fecha para el juicio suspendido.

Según el escrito provisional del Ministerio Público, tanto el alcalde como el responsable de Urbanismo habrían autorizado verbalmente en 2014 unas obras ilegales, sin realizar ninguna inspección a sabiendas de que se estaba construyendo fuera de licencia. Además, algunos acusados solicitaron la rehabilitación de una vivienda en situación legal de fuera de ordenación, partiendo de la reconstrucción de una obra antigua en evidente deterioro cuya estructura y cimientos se respetarían.

En febrero de 2014, se solicitó y otorgó una licencia municipal para realizar una actividad. Sin embargo, durante una inspección realizada por el Seprona en junio de ese mismo año, se descubrió que lo que se estaba haciendo era una demolición seguida de una nueva construcción, que no tenía ninguna similitud con la estructura original que se pretendía rehabilitar.

Según el fiscal, los acusados realizaron las obras sabiendo que se encontraban en suelo no urbanizable de carácter natural o rural y que estaban incumpliendo la licencia y las autorizaciones necesarias.

Encontraron a otro residente que hizo cambios en una construcción, como cambiar el techo y renovar los interiores, aunque sabía que se encontraba en un área protegida y no urbanizable. Los agentes del Seprona lo denunciaron en julio de ese año.

El acusado no había pedido permiso para realizar las obras y éstas no eran autorizables. Aunque se añadió una pequeña habitación, la superficie ampliada no fue significativa.

En otro terreno, se llevó a cabo una renovación completa de un edificio existente, a pesar de que se sabía que estaba ubicado en un área no urbanizable de protección especial.

Los agentes del Seprona denunciaron unas obras que estaban en proceso y para las cuales el acusado había solicitado una licencia para "adecentar el vallado". Sin embargo, según el fiscal, el acusado había llevado a cabo obras que excedían lo que había solicitado y que aún no habían sido aprobadas por el Ayuntamiento.

La Fiscalía ha solicitado una pena privativa de libertad para el alcalde y el edil, así como una multa diaria de 20 euros durante 20 meses. También se pide una multa de 15 meses y la inhabilitación para trabajar en profesiones relacionadas con la construcción durante tres años para los promotores y constructores involucrados.