Con un gobierno más preocupado de lo que pasa en Waterloo que de lo que pasa en Francia, en el Partido Popular hemos dado un paso al frente para defender a los agricultores y a los transportistas almerienses, que están sufriendo una intolerable campaña de acoso y desprestigio en nuestro país vecino. Cada día 350 camiones almerienses parten de Almería con las mejores frutas y hortalizas para abastecer los supermercados de media Europa. Y como todas sus rutas atraviesan territorio francés, nuestros transportistas sufren retenciones kilométricas y daños en sus camiones y en la mercancía, mientras que el Gobierno de España mira hacia otro lado. Y el daño no es pequeño: los productores de Almería pierden 75 millones a la semana por los bloqueos al transporte en Francia, según ha precisado el gerente de la Coexphal, Luis Miguel Fernández. Nuestros agricultores y transportistas están al límite por la pasividad y la tibieza de un gobierno que no ha respondido con la contundencia debida las mentiras e infundios de algunos políticos franceses sobre nuestro campo. Y quiero ser muy clara en este sentido: que nadie se atreva a dudar de la profesionalidad de los agricultores almerienses. Las mujeres y los hombres que trabajan en la agricultura almeriense son un ejemplo de seriedad y de rigor en todo el mundo. Las empresas agroalimentarias establecidas en Almería producen con altísimos estándares de trazabilidad y seguridad alimentaria y en unas condiciones laborales y sociales que bien podrían copiar en otros países que sí ejercen en Europa esa competencia desleal que algunos desinformados pretenden achacar desde Francia al campo almeriense. Y eso por no hablar de las solemnes ignorantes que dicen que nuestros tomates son incomibles. En el PP defenderemos a los agricultores y transportistas almerienses en donde haga falta, ante quien sea preciso y todas las veces que se necesite, porque no podemos dejar que se perjudiquen los intereses de un sector que en Almería ocupa directa o indirectamente a más de 15.000 familias. No vamos a permitir que se deje caer un pilar estratégico de nuestra economía que es capaz dar de comer de un modo saludable y seguro a más de 500 millones de personas. Y es que lo único incomible aquí es la pasividad del gobierno de Sánchez.
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