El Consejo Consultivo de Andalucía ha rechazado que la Junta deba indemnizar a Azata Patrimonio SL por los daños que la empresa cuantifica en 28,8 millones de euros tras el fallo judicial que anuló el planeamiento urbanístico de Carboneras (Almería). En su dictamen, el CCA ha concluido que no se le puede imputar el daño derivado de la imposibilidad de desarrollar el sector con la construcción estimada de 250 viviendas, además del hotel, ya que la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias que el pleno aprobó en 2009 es un "acto municipal".
El órgano responsable de responder a la solicitud de dictamen realizada por la Consejería de Fomento señaló que la participación de la administración autonómica se limitó a emitir un "informe no vinculante". El Consejo Consultivo resaltó que, de acuerdo al decreto que lo regula, la adaptación de los planteamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es responsabilidad municipal y la participación de la administración autonómica se limita a un "órgano de composición plural" como es la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
El dictamen del Consejo Consultivo subraya que no existe actuación autonómica que pudiera derivar en el daño alegado por Azata Patrimonio SL, y la actividad administrativa no es imputable a la administración, por lo que no se puede apreciar la imputabilidad. En consecuencia, la consejería desestima la reclamación patrimonial efectuada por Azata Patrimonio SL. El informe no vinculante de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, que fue rectificado en algunos puntos, fue finalmente aprobado por el Ayuntamiento carbonero en su Pleno.
El Ayuntamiento de Carboneras aún no ha cumplido con la sentencia firme de 2018 que anula parcialmente el PGOU de 2009 y el sector ST-1 o Algarrobico, así como el ST-2 o Canillar con 528 viviendas estimadas, siguen siendo válidos a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha instado al Consistorio varias veces desde julio de 2022 para que modifique la clasificación del terreno a no urbanizable de especial protección y ha impuesto sanciones semanales de 250 euros al alcalde, José Luis Amérigo. Azata Patrimonio SL demanda en el alto tribunal andaluz la misma cantidad de 28,8 millones de euros para la "reparación total" de los daños y perjuicios "económicos, morales, y personales" provocados por lo que señala como una actuación "irracional, irreflexiva y arbitraria" de la Junta y del Ayuntamiento "modificando" el planeamiento urbanístico que daba validez legal a la construcción y desarrollo urbanístico "sin coordinación y sin la exigibilidad requerida".
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido designar un perito judicial para evaluar el valor de las fincas del Algarrobico en el momento en que la Junta de Andalucía inició el expediente de retracto por su valor ambiental en marzo de 2006, dado que eran susceptibles de urbanización y contaban con un Plan Parcial aprobado. El objetivo es determinar la pérdida económica de la empresa como consecuencia de la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente el sector ST-1, sumado al coste del proyecto de urbanización ya ejecutado parcialmente, para saber si ha habido un mal funcionamiento por parte de la administración.
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