El Consejo de Gobierno ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para que el Estado revierta el aumento del caudal ecológico del río Tajo a 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que implicaría una reducción en el trasvase Tajo-Segura.
La Junta de Andalucía ha expresado su desacuerdo con la modificación propuesta, ya que no cuenta con informes técnicos ni jurídicos que la respalden y fue tomada de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, esta modificación va en contra del acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua, donde se acordó un aumento hasta los seis metros cúbicos por segundo.
La Junta de Andalucía se une a las medidas legales tomadas por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en contra de una decisión del Estado que perjudica al Levante español, especialmente a Almería. Según la Junta, el aumento del caudal del río Tajo significa una reducción de 105 hectómetros cúbicos para una zona ya afectada por la sequía en España.
Según un experto, los recursos hídricos son esenciales para satisfacer las necesidades de consumo de muchos ciudadanos y mantener la actividad agrícola en el Levante. Esta región se caracteriza por su sostenibilidad ambiental y social, así como por generar riqueza y empleo. La decisión del Gobierno central pone en peligro la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo y afecta a varios municipios del levante de Almería que dependen del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas.
En los recursos presentados por Murcia, Valencia y Andalucía se argumenta la "falta de respaldo científico" para aumentar el caudal ecológico a 8,6 metros cúbicos por segundo. Según informes presentados en una reunión del Consejo Nacional del Agua, se establece que seis metros cúbicos por segundo serían suficientes para mantener un buen estado del río.
El Gobierno andaluz ha llegado a la conclusión de que no hay una obligación judicial para aumentar el índice de caudales ecológicos hasta cierta cantidad, ya que tanto el Tribunal como el Parlamento Europeo solo exigen tomar medidas para aumentarlos sin establecer una cantidad específica.
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