Este miércoles, la Ciudad de la Justicia de Almería será testigo de una manifestación sin precedentes, donde jueces, fiscales y profesionales del derecho se reunirán en una protesta enérgica contra los recientes acuerdos políticos alcanzados entre los partidos que conforman el Gobierno. Estos acuerdos, según los convocantes, "afectan gravemente a la Administración de Justicia y ponen en grave peligro al Estado de Derecho".
La convocatoria, suscrita por el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, se suma al "más enérgico rechazo" expresado por el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, siguiendo la línea del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Luis Columna también se une al rechazo de la referencia al "lawfare" y la judicialización de la política, destacando la preocupación de los profesionales de la justicia ante estas cuestiones.
Esta concentración se suma a otras ya celebradas en ciudades andaluzas como Sevilla, Jaén o Huelva, y surge en el contexto de la manifestación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que ha expresado su "preocupación" por las iniciativas políticas plasmadas en el mencionado documento para la investidura de Pedro Sánchez.
Los jueces consideran que el acuerdo político es de "enorme trascendencia y repercusión jurídica y social" ya que refleja una "grave desconfianza en el poder judicial". La Sala del Gobierno del alto tribunal andaluz ha decidido adherirse en su totalidad al comunicado emitido por las asociaciones judiciales el pasado 9 de noviembre, al acuerdo de igual fecha adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, así como a los comunicados de los presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos, Salas de Gobierno de otras Comunidades Autónomas y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
La protesta en la Ciudad de la Justicia de Almería se convierte así en un punto de encuentro para expresar la preocupación y el rechazo unánime de los profesionales del derecho ante los acuerdos políticos que, según ellos, ponen en riesgo la independencia y la integridad del poder judicial.