En estos días conocíamos que la demanda de vivienda creció un 40% el pasado año en la provincia de Almería y que, en el caso de la capital, el precio medio de los inmuebles en venta aumentó un 8,74% durante 2024. Sin duda, estamos ante una tormenta perfecta que afecta a miles de personas que acuden a diario a un mercado con precios inaccesibles para la gran mayoría.
Para abordar este problema, el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado la vivienda como una de sus principales prioridades. De hecho, todas las medidas legislativas que se han puesto en marcha en este sentido han tenido y tienen como objetivo que ese derecho que recoge la Constitución pase del papel a la realidad. Sin embargo, y a pesar de las evidentes dificultades que tienen muchas personas para alquilar o comprar un piso donde vivir, la derecha sigue pensando que la solución está en aplicar las mismas recetas equivocadas de siempre.
Resulta muy difícil de entender que las administraciones en las que gobierna el Partido Popular sigan sin colaborar en la resolución de un problema que ya es estructural y que precisa de una estrecha cooperación entre las distintas administraciones. No obstante, ponerse en la piel de la gente es fundamental para ver lo que está ocurriendo, como lo es también que Feijóo y Moreno Bonilla dejen de boicotear la Ley de Vivienda que pone pie en pared a la proliferación de fondos buitre y la especulación. En definitiva, a la ley de la Selva.
Pero no basta sólo con eso. A los populares que gobiernan el Ayuntamiento de Almería debería de caérseles la cara de vergüenza cuando ponen a la venta viviendas de 75 metros cuadrados que cuestan 193 mil euros. Esto es lo que ha ocurrido en la Avenida de Vilches con los pisos promovidos a través de la empresa pública Almería XXI. ¿Cómo es posible que una vivienda que se impulsa desde una administración pública cueste lo mismo que la que construye una empresa privada?
No contentos con eso, la alcaldesa de la capital almeriense y Moreno Bonilla se niegan a declarar zonas tensionadas de viviendas y a poner límites al precio del alquiler con la excusa de que no son partidarios de intervenir en el mercado. De esta manera, dejan muy claro que entre el negocio y el derecho de los jóvenes y las familias, el Partido Popular siempre va a escoger lo primero.
Con las políticas socialistas se está demostrando la falsedad de todos y cada uno de los vaticinios que la derecha y la ultraderecha han realizado sobre los males que nos acecharían si se mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores, se subían las pensiones o se imponían gravámenes a la banca y a las empresas energéticas. Nada más lejos de la realidad.
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