La millonaria cifra que costaría la seguridad de los invernaderos de El Ejido

El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez, advirtió en el último pleno municipal que la creación de un cuerpo de vigilancia rural financiado por el Ayuntamiento costaría alrededor de 4,5 millones de euros, una cifra que, según sus estimaciones, recaería íntegramente en los agricultores del municipio. Este pronunciamiento fue en respuesta a una moción presentada por Vox, que pedía la puesta en marcha de dicho cuerpo de seguridad.

Martínez mostró su preocupación por los constantes robos que sufren los agricultores en la región, un problema que, según destacó, ha sido motivo de continuas peticiones al Gobierno de España y al Ministerio del Interior para que refuercen los recursos de la Guardia Civil en el área rural. "Nosotros, este equipo de Gobierno y este alcalde, llevamos años exigiendo más medios para la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias reales en seguridad rural", afirmó.

El concejal criticó que la moción de Vox no incluyera ninguna exigencia al Gobierno central ni al Ministerio del Interior, responsables de la seguridad en el campo, limitándose a pedir al Ayuntamiento la creación de un cuerpo de vigilancia rural. "En ningún lugar se menciona ni al Gobierno de España, ni al Ministerio del Interior, ni al subdelegado del Gobierno", subrayó.

Respecto a la viabilidad de la propuesta, Martínez explicó que la creación de este cuerpo de vigilancia implicaría un análisis técnico y jurídico para determinar si el Ayuntamiento tiene competencias en la materia. Aun así, adelantó que, al tratarse de una "competencia impropia", el coste total tendría que ser asumido por los agricultores y propietarios de suelo rústico del municipio. "Haciendo un cálculo aproximado, hablamos de unos 240 euros por hectárea", añadió.

Martínez cuestionó la coherencia de Vox al proponer una medida que implicaría un nuevo coste para los agricultores, a pesar de sus críticas recurrentes sobre supuestas subidas de impuestos por parte del equipo de Gobierno. Además, puso en duda la efectividad del cuerpo de vigilancia rural, señalando que, al no ser un cuerpo policial, tendría capacidades limitadas en la detención y traslado de delincuentes.

A pesar de estas críticas, el concejal aseguró que el equipo de Gobierno está dispuesto a realizar el estudio solicitado, aunque dejó claro que la decisión final dependerá de los resultados y de la evaluación de su impacto financiero en las arcas municipales y en los agricultores.