La ministra de Igualdad, Irene Montero, se vio obligada a enfrentar a la Comisión enviada por la Eurocámara para investigar los efectos de la nueva norma sobre el medio millar de agresores que supuestamente se han visto beneficiados por la Ley del "Solo sí es sí". La jefa de la misión, la eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo Elzbieta Lukacijewska, instó a Montero a intentar llegar a un acuerdo y le recordó que "los jueces aplican la ley que hacen los legisladores".
Además, la Eurocámara ha dado a España tres meses para demostrar que la rebaja de la malversación no afectará a los fondos de la Unión Europea. Esta situación se presenta como una prueba de fuego para el Gobierno de España, ya que debe demostrar que la reforma de la ley no va en detrimento de los derechos de las víctimas de agresiones.
En un momento en el que el debate sobre la violencia de género vuelve a estar en el foco de la opinión pública, el Gobierno debe demostrar que está actuando de manera adecuada para proteger a las víctimas. El hecho de que la Eurocámara haya puesto una lupa sobre la normativa es una señal de que los parlamentarios europeos exigen responsabilidad y transparencia.
A partir de ahora, la responsabilidad recae sobre el Gobierno de España para demostrar que la nueva ley no se utilizará como un medio para "perdonar" a los agresores. Es el momento de que el Ejecutivo muestre que es capaz de arreglar esta ley que ha traído más inseguridad que seguridad a las víctimas.
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