La Unión Europea investigará los asentamientos de temporeros inmigrantes en Almería

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación de los trabajadores temporeros en Andalucía, tras una denuncia presentada por una asociación de acogida. La mayoría de estos trabajadores son migrantes y viven en asentamientos informales en condiciones de hacinamiento. La presidenta de la comisión, Dolors Montserrat, ha solicitado información a la Comisión Europea sobre la situación de los asentamientos en Huelva y Almería, y ha pedido un dictamen a la comisión de Empleo de la Eurocámara sobre las directivas europeas relacionadas con las condiciones laborales y los derechos humanos. La petición sigue abierta.

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha denunciado el "racismo institucional" que padecen los cerca de 5.000 trabajadores temporales que residen en condiciones "pésimas" en los 79 asentamientos "precarios" en municipios de Huelva y Almería. Valero ha solicitado a la Comisión Europea que haga cumplir las normas de Derechos Humanos en la Unión Europea para proteger a este grupo vulnerable que vive en zonas rurales mal comunicadas y sin servicios básicos, lo que les hace susceptibles a abusos laborales. Además, estos trabajadores no reciben apoyo ni asesoramiento legal. Ha pedido la "intervención directa" de la Comisión Europea ante la "grave situación de vulnerabilidad de los derechos humanos" en estos lugares surgidos "a finales de los 80" en Almería, donde existen 69 asentamientos donde malviven entre 5.000 y 7.000 personas, mientras en Huelva se encuentran más de 3.000 personas en 40 asentamientos con chabolas "sin ningún tipo de servicios básicos".

Durante su intervención de cinco minutos, seguida de dos minutos para cerrar la petición, el orador destacó que los ayuntamientos se niegan a proporcionar el padrón a los inmigrantes, lo que favorece un mercado corrupto para acceder a la documentación necesaria. También lamentó la constante violación de la directiva comunitaria que regula la entrada y salida de estas personas para emplearse. El orador señaló que esto es un claro ejemplo de racismo institucional y criticó a los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Níjar, Lepe, Moguer y Palos por no abordar esta situación deplorable. Además, recordó la visita del relator especial de Naciones Unidas contra la pobreza extrema en 2020.

Valero ha solicitado una respuesta inmediata de la Comisión Europea y la elaboración de un informe completo sobre las condiciones de los asentamientos de personas migrantes, prestando especial atención a las mujeres migrantes. También ha pedido que se traslade la petición a las comisiones específicas de la UE e instando a la institución a visitar los asentamientos para comprobar las condiciones infrahumanas en persona. Valero ha señalado que hay fondos disponibles para abordar esta situación, pero hasta ahora no se han construido viviendas y ningún céntimo se ha ejecutado. Por lo tanto, instó a la Comisión Europea a hacer valer los principios de convivencia en este sentido.

Los distintos grupos políticos han apoyado una queja sobre la migración en Andalucía. El representante del PP, Juan Ignacio Zoido, ha admitido que la migración es un "problema" en la región y ha solicitado una acción conjunta de las administraciones y los empresarios del campo para solucionar esta problemática.

La eurodiputada del PSOE, Cristina Maestre, ha pedido una política de "tolerancia cero" ante la migración ilegal atribuida a las mafias y medidas para evitar el hacinamiento y riesgo de los migrantes.

Los eurodiputados de IU han pedido que se envíe una delegación del Parlamento Europeo a España para investigar las condiciones laborales de los trabajadores temporales en el campo. Manu Pineda ha criticado la existencia de condiciones "esclavistas" y ha destacado la importancia de fortalecer las inspecciones laborales. Sira Rego ha denunciado que se esté lucrando con "mano de obra esclava" y ha instado a la Comisión Europea a actuar ante esta situación "inaceptable" en la UE. También ha acusado a la Junta de Andalucía de no tomar medidas preventivas y ser responsable de la falta de acción.

Una representante del Ejecutivo europeo ha expresado que España debe garantizar condiciones laborales y de acogida adecuadas para los trabajadores temporeros. Se ha mencionado que la nueva Política Agraria Común incluye requisitos relacionados con estos aspectos, y que las empresas incumplidoras podrían perder acceso a fondos europeos. Además, se ha destacado que España presenta una alta tasa de riesgo de pobreza entre su población migrante y un 34% de trabajadores en riesgo de pobreza, por lo que es importante reforzar la inspección laboral y asegurar el acceso a vivienda para los temporeros.

Durante la discusión sobre los asentamientos en Andalucía, hubo un enfrentamiento entre los grupos políticos por la responsabilidad política de su existencia. Los eurodiputados Peter Jahr del Grupo Popular Europeo y Cristina Maestre del Partido Socialista, junto con Ana Miranda de Alianza Libre Europea-Los Verdes, expresaron su indignación por la situación de los asentamientos y abogaron por soluciones para mejorar las condiciones laborales y de vida de los migrantes que viven allí. Miranda denunció la "esclavitud laboral del siglo XXI", mientras que Maestre propuso facilitar la integración social, residencial y laboral de los migrantes.

El eurodiputado de Unidas Podemos ha mostrado su apoyo a la petición y ha destacado la importancia de las inspecciones laborales en el campo. Se alegra de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya impulsado estas inspecciones para combatir el esclavismo, a pesar de que la patronal agraria y otros partidos políticos hayan pedido su dimisión. Sin embargo, el 70% de estas inspecciones han resultado en procedimientos de infracción. Además, ha denunciado que se están devolviendo grandes cantidades de dinero por falta de ejecución en materia contra la exclusión. Los temporeros viven en condiciones peores que los animales, les cortan el agua y no se les permite empadronarse. Todo esto es tolerado por una patronal esclavista para que los trabajadores hagan su trabajo sin aparecer. El eurodiputado concluye diciendo que no podemos ignorar esta situación y anima a verla sobre el terreno.

Durante una reunión con los eurodiputados de Unidas Podemos Sira Rego y Manuel Pineda, quienes visitaron los asentamientos en abril de 2021, Zoido sugirió que podrían tener que visitar España nuevamente, como ha pedido Valero. El objetivo sería abordar la situación de los trabajadores temporeros y trabajar para erradicarla. Zoido recordó que los ayuntamientos cuentan con la ayuda de las confederaciones de empresarios. Además, lamentó que Pineda haya tachado a la patronal de esclavista, ya que esto puede dañar la imagen de los productos exportados desde Hueva o Almería.

Zoido ha expresado que la Junta de Andalucía ya es consciente de que la situación de los asentamientos no es aceptable. Sin embargo, ha mencionado que IU y PSOE han gobernado en Andalucía durante 40 años y ahora el problema se presenta, pero ellos no tienen nada que ver. Zoido ha afirmado que los servicios sociales están atendiendo a las personas afectadas y tomando medidas dentro de sus competencias para resolver el problema del chabolismo. También ha señalado que la Junta está comprometida en eliminar definitivamente estos asentamientos y ha anunciado que en el primer semestre se aprobará un plan estratégico para su eliminación a nivel local, en colaboración con el Estado. Además, ha instado al Gobierno de Sánchez a hacer un esfuerzo en este sentido.

Sira Rego ha denunciado la existencia de "mano de obra esclava" en la UE y ha pedido a la Comisión que tome medidas para frenar esta situación. También ha acusado a la Junta de Andalucía de ser responsables de la falta de medidas para prevenir este fenómeno y de no hacer nada al respecto.

La presidenta de la comisión, Dolors Montserrat del partido Popular, ha decidido mantener abierta la petición presentada por Toni Valero y mantener informados a los miembros de la comisión. La petición será enviada para su opinión a la comisión parlamentaria específica en materia de empleo, ya que se trata de derechos fundamentales de los trabajadores.