Labella dice que el Ayuntamiento será "sensible" con los vecinos de la calle Hércules

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha defendido hoy el procedimiento de expropiación iniciado por el Ayuntamiento sobre varios inmuebles de la calle Hércules y su entorno en la necesidad de seguir avanzando en los planes municipales para la puesta en valor del Casco Histórico, todo ello de acuerdo a una planificación urbanística que responde al “interés general”, afrontada “desde el respeto a la ley, la responsabilidad y la sensibilidad para quienes se verán afectados por este proceso”.

En este sentido, y en relación a las mociones que han elevado hoy a Pleno el Grupo Municipal Socialista y Vox, Martínez Labella ha trasladado de nuevo un mensaje de tranquilidad a todos los afectados por este procedimiento en la seguridad “de que van a recibir un trato digno, van a sentir la sensibilidad de su ayuntamiento, como ya se les ha trasladado de manera personal. Su Ayuntamiento va a estar a su lado, garantizándoles sus derechos, como no puede ser de otra manera”, ha concluido.

Entiende la edil popular que un proceso como el que se ha iniciado, en el marco de un proyecto urbanístico reconocido como necesario por todos los grupos políticos, y que viene a transformar todo el entorno de La Alcazaba, “no puede sucumbir a la tentación de hacer política de la mala, ni a las artes de una oposición destructiva que recurre a maniobras dilatorias para retrasar la acción de gobierno. Su moción, señores del PSOE, tiene ese tufillo”, ha censurado Martínez Labella.

“En este proceso de expropiación iniciado por el Ayuntamiento sobre dieciocho propiedades no hay deshumanización, no hay atropello alguno sobre ningún ciudadano. Por supuesto no hay indefensión alguna, como queda de manifiesto con las alegaciones formuladas, cinco en total, que serán examinadas y valoradas en todo lo que la legislación permita, con el apoyo y colaboración de este Ayuntamiento con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance”, ha subrayado la edil popular.

Martínez Labella ha venido a tachar de “oportunistas” las mociones presentadas por Vox y PSOE “y que en ningún caso responden a la realidad”, ha insistido, acusando a ambas formaciones de realizar “afirmaciones erróneas, errores importantes, de bulto diría yo. Quiero creer que son errores y no pensar en un intento de manipulación”, ha lamentado, insistiendo en un proceso “ejemplar, no sólo en su tramitación burocrática si no en el trato que hasta ahora y de aquí en en adelantes se prestará a los vecinos afectados”.

Respecto al desarrollo del procedimiento, ahora en periodo de contestación de las alegaciones presentadas, la edil ha aclarado que “para el reconocimiento del derecho de realojamiento, los interesados debían presentar en este plazo el título de ocupación legal y acreditar que la vivienda constituye el domicilio de la persona que la ocupa durante una periodo superior a los 183 días al año. La ley es muy explícita”.

De acuerdo precisamente a la norma que regula el proceso expropiatorio, Martínez Labella ha explicado que “debe partir de un justiprecio, pero teniendo siempre en cuenta que los afectados que acrediten su derecho a realojamiento tienen derecho siempre a una vivienda de sustitución o equivalente económico acorde a sus necesidades y siempre con el límite del valor de una vivienda de protección oficial. Con independencia de lo que tengan ahora”, ha matizado, garantizando una vez más “el derecho de relajo a todos los ocupantes legales de los inmuebles afectados, el cálculo del precio equivalente de la vivienda de sustitución atendiendo a las necesidades y circunstancias de cada uno de ellos y un procedimiento que impida cualquier situación de indefensión”.

Ha insistido reiteradamente en la “sensibilidad” que el Ayuntamiento de Almería tendrá en el proceso de consecución de estos suelos respecto de sus actuales propietarios “como siempre ha actuado esta administración, teniendo en cuenta su situación personal, si se tienen hijos, mayores a cargo de la unidad familiar, personas con movilidad reducida o en situación de dependencia... de todo lo que es la situación social de cada una de las familias, todo lo que es objetivable, tal y como se recoge en la ley”.

Y como ejemplo ha expuesto el caso de uno de los alegantes - solo hay registradas cinco alegaciones de los dieciocho afectados – cuyo justiprecio se ha fijado en casi 80.000 euros y un total del equivalente económico de la vivienda de sustitución por encima de los 105.000 euros, cifras muy alejadas “de los 30.000 euros que se apuntan en las mociones presentadas por Vox y PSOE”.