La gestión del Gobierno central en muchas ocasiones se traduce en una carga desproporcionada para las administraciones autonómicas y locales. Un claro ejemplo de esta situación es el reciente decreto firmado por Pedro Sánchez para destinar fondos a los municipios afectados por la última DANA. Lo que parecía ser un gesto de ayuda ha terminado siendo una trampa financiera para muchos ayuntamientos, obligándolos a asumir costes que, en la práctica, los hipotecan durante años.

El problema radica en que el Gobierno solo cubrirá el 50 % de los costes de reparación de los daños ocasionados por la DANA. El otro 50 % deberá ser asumido por los propios ayuntamientos, sin importar si tienen los recursos para hacerlo o no. Para municipios pequeños como Armuña del Almanzora, cuya capacidad presupuestaria es muy reducida, esto supone una auténtica condena. Con un presupuesto anual de 480.000 euros y unos daños estimados en 400.000 euros, el consistorio se enfrenta a una situación insostenible.

El Gobierno central ni siquiera adelantará la totalidad de su parte de la ayuda de inmediato. Primero pagará el 85 % de su 50 %, y el 15 % restante solo se abonará cuando la obra esté terminada y debidamente justificada. Para un municipio con recursos limitados, esto significa que tendrá que endeudarse, buscar financiación externa o, en el peor de los casos, dejar las reparaciones sin ejecutar.

Este tipo de decisiones recuerdan lo sucedido con la Ley de Dependencia, donde el Gobierno central aprobó un derecho sin garantizar los recursos necesarios para financiarlo, obligando a las comunidades autónomas y ayuntamientos a hacerse cargo de los costes. El resultado: administraciones al borde del colapso financiero y ciudadanos que, en muchos casos, nunca recibieron la ayuda prometida.

Este no es el único caso en el que los ayuntamientos pagan las consecuencias de la inacción del Gobierno central y autonómico. El caso del hotel de la Algarrobía es otro ejemplo de cómo la falta de control de las administraciones superiores termina derivando en una carga económica para los municipios.

El hotel fue promovido por la empresa Azafata del Sol, que obtuvo una licencia municipal aparentemente legal. Sin embargo, años después, se determinó que dicha licencia era irregular y que el hotel debía ser demolido. Ahora, la empresa reclama una indemnización millonaria, que recae directamente sobre el ayuntamiento.

Aquí surgen varias preguntas: ¿No deberían responder también la administración autonómica y el Gobierno central, que no supervisaron ni controlaron el proceso? ¿Por qué el ayuntamiento tiene que asumir solo la carga económica de una negligencia en la que también tuvieron responsabilidad otras instituciones?

El escándalo es aún mayor cuando se observa que los tribunales han determinado que se cometió un delito en la manipulación de los planos que permitieron la licencia, pero, sorprendentemente, no hay responsables identificados. Nadie paga por esa ilegalidad, excepto el ayuntamiento y, por extensión, los ciudadanos.

La política del Gobierno central parece seguir la misma estrategia: legislar sin asumir las consecuencias económicas de sus decisiones, trasladando la carga a las administraciones autonómicas y locales. Es una forma de gobernar a costa del dinero ajeno, obligando a municipios pequeños a asumir deudas que no pueden pagar y condenando a sus vecinos a una peor calidad de vida.

Es inaceptable que las ayudas lleguen con condiciones imposibles, que los ayuntamientos terminen respondiendo por errores que no son suyos y que se sigan promoviendo leyes sin garantizar su viabilidad financiera. O el Gobierno central empieza a asumir su responsabilidad, o seguiremos viendo cómo los municipios se endeudan, los servicios públicos se deterioran y los ciudadanos pagan el precio de la incompetencia política.