Las empresas de Rifá siguen liderando la morosidad con Hacienda en Almería

Miguel Rifá sigue siendo, en la cuarta lista anual de morosos con la Agencia Tributaria, quién más debe en la provincia de Almería si juntamos la deuda de todas las empresas en las que participa.

Aunque en la lista total hay 231 deudores menos que en la anterior y 100.000.000.000 de euros menos, ésta solo supone un 30% del total que se debe a Hacienda, según ha indicado GESTHA en una nota, en la que también detalla que quienes aparece son “desahuciados”, es decir, que lo más probable es que ya no se les pueda cobrar por ser insolventes.

Del actual listado parece –salvo error- que se ha caído Obrascampo, que debía 14.616.094,88 euros, y ahora solo están 1.192.601,39 euros de Obrascampo Almanzora. Si antes aparecería con 11.344.267,28 euros, Proyectos y Promociones Turre, ahora lo hace con 10.871.700 euros, pero hay que añadir Promoturre 2001 SL con 2.269.147 euros. Una cantidad importante también adeuda Prourbal Poniente SL, que llega a los 3.957.125 euros.

En cuanto al más moroso, sin duda sigue siendo Rifá, quien fuera propietario del antiguo Hotel Almería y de la cadena Citymar entre otras empresas. Si actualizamos datos, encontramos a Hotel Almería con 14.782.900 euros, a Sudafricana de Hoteles con 5.842.701 euros, y Cymar Gestión Hotelera con 1.700.107 euros. Predios del Sureste, otra empresa participada por Rifá, alcanza los 27.522.630 euros de deuda.

Staig debía 8.294.238,39 euros, y ahora son 7.833.848 euros. Biocarburos del Almanzora adeuda 12.817.165 euros, Servicios y Contratas Almanzora 1.256.500 euros.

Tino Stone Group que alcanza los 4.677.795 y aumenta unos pocos euros, mientras que también sigue en la lista Keymare Inversiones y Participaciones que sube unos 300.000 euros, hasta los 2.366.497, y Key Mur que debía con 1.714.248 euros, aumenta en 200 euros, y a ellas se une Key Development SL con 1.780.987 euros.

Ha bajado la deuda Automecánica Almeriense (concesionario de Ford, propiedad de los Piquer, que además acumuló una deuda con sus empleados bastante importante) que de 3.048.632,43 euros se ha quedado en 2.988.593 euros

El concesionario de Renault en Almería, Rombalcar, pasa de 1.832.357,73 a 1.832.429 euros. Promociones Murcia y Almería debe 2.503.820 euros (esta empresa, en concurso voluntario de acreedores en 2015, suscribió un convenio cuestionado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, con el Ayuntamiento de El Ejido el dos de julio de 2003 para recalificar el uso de una parcela situada en Almerimar, mientras que la empresa se obligaba a ceder 6.000 metros cuadrados para dotaciones públicas y efectuar una aportación económica de 3.606.072 euros).

Repite Hispano Almería (a la que se vinculó con el pago de supuestas comisiones y dádivas a políticos de algunos ayuntamientos de los que recibía adjudicaciones de obras) con 1.908.752 euros, pero desaparece Constructora Hispano Almería.

Otras empresas de la lista son Florencio Agustín e Hijos, con 5.815.275 euros, Fenix Corporacion Bussiness HTL con 1.362.989 euros, Frigoríficos Portocarrero con 1.161.301 euros, Futuras Inversiones Andaluzas adeuda 1.510.753 euros, el grupo Eureka llega a 6.734.702 euros, el grupo Madinson de Inversiones Inmobiliarias sube a 2.371.358 euros, Hormigones Domingo Giménez está en el 1.856.427 euros, Igab supera los seis millones y se pone en 6.010.244 euros, Inveranderos Manuel Flores adeuda 1.609.752 euros, Inversiones Italán 7.065.194 euros, e Irish Developments 1.419.783 euros.

Almería Investments and Project (a la que le fue revocado el CIF) debe 1.829.239 euros. , Promociones Inroal, debía 2.070.282,08 euros y ya va por 2.070.282, el grupo Cealsa dedicado a los electrodomésticos tiene una deuda de 1.729.123 euros, Kalar Almería ha bajado unos 50.000 euros su deuda y está en 1.508.750 euros.

Administración y Gestión Romar entra en la lista por poco, debe 1.007.848 euros, y Agrícola Torremocha con 1.013.068 euros, igual que Caelpa Piedras Naturales, con 1.057.907 euros

Casa Plus Almería debe 1.376.875 euros (esta mercantil está vinculada a los supuestos negocios turbios del exalcalde socialista de Carboneras, Cristobal Fernández, ya que en septiembre de 2004, el Ayuntamiento, promueve y consigue en la Comisión Provincial de Urbanismo una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para reclasificar la mayor parte de la finca 3236. Así, 33.825 m2 pasan de no urbanizables a urbanizables sectorizados. Años atrás, siendo propietario Cacoub, esos terrenos contaban con esa calificación pero el Ayuntamiento dirigido por Cristóbal Fernández los había desclasificado a rústicos. El 23 de diciembre de 2004, Tocantins SL hace una nueva venta parcial de su preciada propiedad. Segrega 27.025 m2 y los vende a Casa Plus Almería SL por 5.450.000 euros, de nuevo sin una sola inversión en la urbanización de los terrenos. Una idea del valor que por aquellos días tenían esos 27.025 m2 la da la posterior operación de crédito suscrita por Casa Plus Almería SL, por valor de 7.420.000 euros, que fue avalada por su recién adquirida propiedad en Carboneras.).

Gestión Inmobiliaria del Levante Almeriense tiene pendiente 1.313.361 euros, unos mil euros menos que en la lista anterior, y Proyectos del Levante Almeriense también reducido un poco, hasta el 1. 1.159.196. Y en Poniente se encuentra Murgi Edificaciones con 2.863.844 euros de deuda.

Miguel Uribe, quien fuera presidente de los empresarios almerienses, sigue siendo otro de los grandes morosos con su cadena Superolé, que sigue creciendo hasta 1.315.332 euros. DRV Expertos Inmobiliarios adeuda 1.235.878 euros, un poco más que el año anterior.

El Grupo Empresarial Vera debe 15.744.850 euros, Explotaciones Turísticas Vera 4.278.997 euros, Vera 49 Promociones SL adeuda 1.027.637 euros.

La empresa GEA 21 SL que e encargó de construir viviendas en el barrio de El Puche, que recepcionó la administración autonómica, pero de las que no firmó las certificaciones debe 8.523.499.

También deben Promociones y Servicios Integrados Turre SL, 10.871.700 euros, y Promoturre 2001 SL 2.269.147 euros. Yesos Cleme debe 1.605.378 euros, Vegapro 2.614.619 euros, Valle del Colmerar 3.365.675 euros, SAT Costasur 2.484.981 euros, y Samper 2005 1.804.883 euros.

Por otro lado están Residencial Villavieja con 1.244.308 euros, Movimiento Integral Terrestre con 1.373.744 euros, Martínez Gualda con 1.183.593 euros, Mundo Newlar se mantiene un año más con 1.296.976 euros,

Albardi debe 1.583.008 euros, y Albardinar 2.162.452 euros. Atalaya Obras está en los 2.254.984 euros, Boulevard Aguadulce en 1.132.990 euros, Cala Bergantín en 2.847.776 euros. y Citrus Fuentes de las Flores en 1.029.625 euros.

A estos hay que añadir, José Ordoño con una deuda de 1.406.845 euros, y José Antonio Cortés con 1.291.151 euros, que son los únicos que aparecen a título individual.

La lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria (AEAT) es, en realidad, una lista de “desahuciados” de los que buena parte nunca pagarán sus deudas, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes resaltan que el 44% de los 15.300 millones de euros que se deben al Estado procede de deudores que se encuentran en proceso concursal, por lo que será muy difícil cobrar unos 6.800 millones.

Asimismo, los técnicos calificaron de “insignificante” la caída del 0,6% del importe de las deudas en esta cuarta edición de la lista negra, que pone de manifiesto que más del 99% de la misma continúa pendiente de pago, por mucho que el número de morosos se haya reducido un 5% durante el último año, hasta los 4.318.

En este sentido, a pesar de que más del 30% de los morosos que reflejaba el primer listado de 2015 ya no aparecen en la lista, Gestha advierte de que no todos estos deudores han hecho frente a sus pagos, ya que a muchos de ellos se les ha dado por fallidos, al no poder asumir sus deudas.

Por otra parte, los técnicos cuestionan que en la lista de morosos no haya rastro de las derivaciones, es decir, de los administradores responsables de las deudas contraídas por las empresas. Y en este marco piden que se acometa una modificación legal para que sea posible sacar a la luz –a través de un cambio en el artículo 95 bis- los datos confidenciales de esas personas.

Este cambio normativo, según Gestha, serviría para que aquellos responsables con cierta notoriedad pública y capacidad de pago redujeran sus deudas pendientes de cobro por debajo del millón de euros, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda, que a fin de cuentas es de lo que se trata. En este punto, los técnicos calculan que de toda la deuda que no se paga dentro del plazo voluntario, en torno al 65% procede de los grandes morosos que deben más de un millón de euros.

Y es que, tal y como hicieron tras la publicación de las anteriores ediciones, Gestha declara que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro.

Defraudadores “pillados”

En lista de morosos publicada hoy destacan insolvencias de grandes inmobiliarias y constructoras, así como de artistas y de deportistas de renombre. No obstante, Gestha echa de menos los nombres de los grandes defraudadores a los que la Agencia Tributaria ha descubierto importantes deudas y ha sancionado, pese a haber pagado o aplazado multas millonarias en el plazo reglamentario.

Del mismo modo, los técnicos también reclaman, previa la correspondiente habilitación normativa, la publicación de un listado de personas acogidas a la amnistía fiscal y que, posteriormente hayan seguido defraudando, y de los titulares de cuentas opacas de la Lista Falciani, dado el interés que suscitan entre los ciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones, según se ha demostrado cada vez que los medios de comunicación publican alguna filtración al respecto.

2.000 euros al año: la factura de los morosos para los contribuyentes

Pues bien, teniendo en cuenta que el fraude y la evasión fiscal son las principales losas de la recaudación en España, Gestha recuerda que la ‘factura’ de estas prácticas para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar en forma de impuestos a Hacienda para tapar el agujero que cometen los defraudadores.

En cualquier caso, los técnicos piensan que atajar el fraude sólo es posible con la puesta en marcha de un plan realista, eficaz y claro que permita reducir la elevada bolsa de economía sumergida que soporta España, superior a los 250.000 millones de euros. Y es que con una mayor coordinación entre las administraciones tributarias territoriales y la estatal, la creación de una base de datos única accesible para todas las administraciones, un aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos para investigar a las grandes empresas y un aumento de efectivos en la AEAT, entre otras medidas, se podrían recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “publicar la lista de morosos abre una pequeña puerta a la transparencia sobre el funcionamiento de la AEAT para saber dónde están las ineficiencias en el control tributario”.