Las dos niñas de 2 y 4 años asesinadas por envenenamiento presuntamente por su padre, en un trágico suceso en Alboloduy, habían estado bajo la protección del sistema de acogida durante un año. Su madre, con la intención inicial de regresar a su país natal, Rumanía, había renunciado “voluntariamente” a este amparo.
Hay que recordar que, aunque la madre contaba con una orden de alejamiento del padre, estaba obligada a llevarle las niñas todos los fines de semana, para que pasaran con él las tardes, a lo que la madre presumiblemente podía haber cedido ya que la salida de las niñas para retornar a Rumanía requería el consentimiento del padre.
La familia había ingresado en marzo de 2022 en un centro de emergencia para víctimas de violencia de género en Almería y, tres meses después, fueron trasladadas a una casa de acogida en Granada, donde recibieron apoyo psicológico, legal y social como parte de un programa de atención personalizada.
Allí, la familia recibió atención integral, incluyendo apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y ayuda social, como parte de un plan personalizado. Sin embargo, en marzo de 2023, la madre solicitó salir de los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer, una decisión que no contaba con el apoyo del personal técnico debido a la vulnerabilidad de la situación.
Las dos hermanas de dos y cuatro años han sido encontradas sin vida en un cortijo local. Las investigaciones preliminares apuntan a un posible envenenamiento por parte de su padre, un hombre de 35 años, quien también fue hallado fallecido en lo que se presume un acto de suicidio.
VISITAS DEL PADRE
Según información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en marzo de 2023, la autoridad judicial estableció un régimen de visitas que permitía al padre estar con sus hijas los sábados y domingos de cada semana, de 12:00 a 18:00 horas. Se especificó que la madre debía llevar a las niñas al Punto de Encuentro Familiar para ser recogidas por su padre, aunque la madre solicitó en múltiples ocasiones que la entrega se realizara sin la intervención de los funcionarios del punto de encuentro, siendo la última solicitud el 4 de octubre pasado.
El TSJA ha señalado que las partes ya no utilizaban el Punto de Encuentro para las entregas, y debido a las peticiones reiteradas de la madre y con el visto bueno de la fiscalía, el juzgado decidió en un auto del 9 de noviembre de 2023 que el Punto de Encuentro ya no interviniera en las entregas según lo acordado en la sentencia.
El TSJA también ha destacado que el hombre acusado de haber asesinado a sus dos hijas antes de quitarse la vida tenía antecedentes judiciales. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Almería había tramitado una denuncia por malos tratos y amenazas, cuyo juicio estaba programado para el 10 de abril ante el Juzgado de lo Penal 2 de la capital.
Debido a los malos tratos, el juzgado había emitido una orden de alejamiento de 500 metros respecto a su pareja, madre de las niñas, y había ordenado que se colocara una pulsera de seguridad al presunto agresor para evitar el contacto con la mujer. Aunque la madre se negó en varias ocasiones a presentar denuncia y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares, el juzgado continuó con el caso a petición de la fiscalía.
Como resultado de la denuncia penal, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería inició un proceso civil sobre la custodia de los menores, el régimen de visitas y la pensión alimenticia que el padre debía pagar a la madre para el sustento de las hijas.
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