La reciente decisión de la aseguradora Adeslas de abandonar Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ha desatado una serie de interrogantes sobre el futuro de la sanidad pública en España y el papel que debe desempeñar el Estado en la cobertura sanitaria de sus empleados públicos. Con medio millón de funcionarios y 300.000 familias más afectadas, este cambio no es solo un asunto administrativo; es un tema que nos concierne a todos.
Muface ha sido durante décadas una alternativa para los funcionarios al sistema público de salud, permitiéndoles acceder a seguros privados. Sin embargo, esta situación plantea una cuestión fundamental: ¿es realmente coherente que el Estado mantenga un sistema paralelo al de la Seguridad Social para sus trabajadores? Desde una perspectiva ideológica —independientemente del espectro político— podría argumentarse que lo lógico sería integrar a los empleados públicos en el sistema sanitario público. Después de todo, ¿dónde deberían recibir atención médica los servidores del Estado sino en el sistema sanitario del Estado?
Pero al margen de lo que cada cual pueda pensar, la forma en que se está llevando a cabo esta transición es preocupante. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado caer a Muface imponendo unas condiciones a las seguradaras que para ellas no son asumibles, lo que implicaría un traspaso automático de estos beneficiarios a la sanidad pública. Si bien esta decisión puede ser vista bien por algunos como un paso hacia la cohesión del sistema sanitario, su ejecución -acabar con Muface- parece haber sido abrupta y carente del diálogo necesario con los afectados, y sus representantes, que son los sindicatos.
Los funcionarios y sus familias no quedarán desprovistos de atención médica; pasarán a ser atendidos por el sistema público. Sin embargo, esto no es tan sencillo como parece. Muchos de ellos están actualmente recibiendo tratamientos específicos y cambios bruscos en su cobertura pueden generarles problemas significativos. Además, este incremento repentino en la demanda asistencial podría desbordar aún más un sistema público ya saturado.
Para quienes no somos funcionarios ni estamos incluidos en Muface, esta situación también nos afecta directamente. La Junta de Andalucía y otras comunidades autónomas se verán obligadas a atender a un número considerablemente mayor de pacientes sin una planificación adecuada ni los recursos suficientes para hacerlo. Las listas de espera ya son un problema crítico en nuestro sistema sanitario; agregar más beneficiarios sin los medios necesarios podría llevar a un caos absoluto. Y por favor, eviten ese mantra que ya se extiende por el vertedero X, de que se trata mejor a los inmigrantes, porque no es cierto: a los regulares se les trata como a cualquier ciudadano (cita previa), y a los irregulares solo en Urgencias.
La falta de negociación entre el gobierno y los sindicatos representa una falta de valentía política. Al optar por dejar que las cosas sigan su curso sin abordar directamente las preocupaciones y necesidades del funcionariado, se corre el riesgo no solo de generar descontento entre los empleados públicos, sino también de agravar la situación del sistema sanitario para todos nosotros. Y creo que por ahí van las cosas, puesto que las inmensa mayoría de las comunidades autónomas están en manos de gobiernos del Partido Popular, que a partir del uno de enero serán responsables de garantizar la asistencia sanitaria a todos esos miles de funcionarios, sin contar con los recursos adecuados ni planificación.
Se matan dos pájaros de un tiro: se acaba con Muface sin desgastarse negociando con los funcionarios, y esos mismos sindicatos ahora pondrán la diana sobre el PP. ¡A qué es genial!
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