Los adjudicatarios del Mesón Gitano no ven incompatible tener en nómina a familiares de técnicos adjudicadores

El máximo responsable de la empresa Facto SA y el gerente, han declarado este jueves en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería contra cinco funcionarios municipales que participaron en la adjudicación que se les hizo de la obra del Mesón Gitano por 5,4 millones de euros.

Tanto J.T.G. como A.A.O. han coincidido en que no veían ninguna “incompatibilidad” en tener en nómina a familiares de técnicos municipales que elaboraron los pliegos de la licitación y posteriormente estuvieron en la mesa de contratación. Si esto quedó reconocido en la jornada anterior por dos de los acusados, en esta sesión los responsables de la mercantil han señalado que también trabajo en la empresa el hermano del actual alcalde, pero que lo hizo cuando éste era edil de Cultura, y que dejó el trabajo cuando llegó a la Alcaldía.

En lo que más han insistido ambos, es en desligar esas contrataciones de personal con la adjudicación, señalando que por ejemplo el hermano de uno de los acusados, contratado por Facto hasta antes de la adjudicación, lo fue como "peón" a través del Plan E, y los capataces eran quienes se encargaban de las contrataciones.

También han dicho desconocer quienes iban a ser los técnicos encargados de hacer los pliegos o quienes compondrían la mesa de contratación, pero sí han admitido que supieron de la relación del funcionario J.L.M.M. con una empleada suya, pero que tras consultar con sus servicios jurídicos, no vieron problema por no tener responsabilidad directa.

Otra de las polémicas relacionadas con este caso, y que fue lo que activó la investigación, es que Facto y Salcoa presentaron dos proyectos iguales desde el punto de vista técnico, pero con diferente valoración económica, dándose la circunstancia de que ambas además forman UTE en dos aparcamientos. Según el presidente de Facto “es habitual”, lo que contrasta con el hecho de el Ayuntamiento llevara el asunto a distintos órganos para que lo valoraran, hasta el punto de que las mercantiles fueron sancionadas por el Tribunal de la Competencia.

El hecho es que el empresario afirma que esto “se ha hecho muchas veces”, y ha puesto ejemplos relativos a El Toyo o la depuradora de El Bobar, lo que el gerente ha señalado como "No es un pacto oculto, es súper habitual".

Otro detalle que abunda en la misma línea de la relación entre la empresario el anterior responsable de Obras Públicas y actual jefe del Área de Servicio de Promoción de la Ciudad, que declaró el miércoles, es que ambos participaron en la compra de una finca en Enix con otras seis personas.