El Gobierno andaluz ha sido blanco de críticas por parte de la oposición debido a los contratos de emergencia, también conocidos como contratos "a dedo", realizados durante la pandemia, asegurando que el presidente Moreno Bonilla ha extendido innecesariamente ese método legal a la época postpandemia, y así manejarse a su antojo. Sin embargo, los datos revelan una historia diferente a la que la oposición quiere vendernos.
La pandemia trajo consigo una situación sin precedentes que exigió respuestas rápidas y eficaces ante un fenómeno epidemiológico desconocido y devastador. En Andalucía, las cifras son contundentes: en 2020, hubo 32.080 hospitalizaciones, 3.840 ingresos en UCI y 4.334 fallecidos, lo que representa una mortalidad del 12,1%. En 2021, los ingresos hospitalarios aumentaron a 40.811, con 5.545 en UCI y 5.391 fallecidos, una mortalidad del 11,6%. Y en 2022, aunque los ingresos bajaron a 24.992, la mortalidad subió al 12,9% con 3.465 fallecidos. Es evidente que el impacto del COVID-19 se mantuvo significativo incluso después del primer año de la pandemia.
A nivel estatal, más de 121.765 personas fallecieron, de las cuales 15.866 eran andaluces hasta el 30 de junio de 2023.
Este contexto de emergencia sanitaria obligó a la Junta de Andalucía a tomar decisiones rápidas y efectivas, y aquí es donde entra la polémica de las contrataciones. Si nos fijamos en los datos, se realizaron 17.718 contratos de emergencia en 2020, representando el 26,56% del total de la contratación pública, un porcentaje que disminuyó significativamente en los años siguientes: 11,17% en 2021, 3,41% en 2022 y apenas 0,9% en los primeros meses de 2023, destinado únicamente al tratamiento de pacientes oncológicos. Es decir, que el Gobierno central declaró el fin de la pandemia en junio de 2023, y antes de esa fecha los contratos de emergencia ya eran menos del 1% en Andalucía, y había ido disminuyendo año a año desde 2020... aquí es donde la crítica del PSOE y sus adláteres -incluido Vox- se estrellan contra la realidad.
La oposición ha utilizado estos datos para acusar al Gobierno andaluz de gestión inadecuada y falta de transparencia. Sin embargo, los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía solo muestran posibles defectos administrativos de forma. Las ampliaciones para el uso del procedimiento de emergencia fueron avaladas por la asesoría jurídica del SAS, y no se han realizado nuevos contratos de emergencia después de mayo de 2023.
Además, el Ministerio de Sanidad señaló la finalización total de las restricciones sanitarias por COVID-19 el 4 de julio de 2023, apenas tres días antes de una campaña electoral, lo que añade una capa de ironía a las críticas de la oposición. En lugar de reconocer la complejidad y la gravedad de la situación, parece que prefieren manipular la narrativa para obtener rédito político.
Los contratos de emergencia en Andalucía durante la pandemia fueron una respuesta necesaria a una crisis sin precedentes. La disminución de estos contratos con el tiempo refleja una vuelta a la normalidad y una gestión adecuada de los recursos. La oposición debería centrarse en reconocer estos esfuerzos en lugar de distorsionar los hechos para sus propios fines.
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