Los padres de Leire quieren cambiar la ley sobre atropellos

Tras el juicio celebrado este jueves en el que el conductor que atropelló y mató a su hija de cinco años en Roquetas de Mar (Almería) ha admitido su culpa y ha aceptado una condena de tres años de prisión, los padres de la pequeña Leire han declarado que seguirán luchando para que se endurezcan las penas por este tipo de delitos en el Código Penal.

“Mi niña no puede haber muerto por nada. Queremos que por lo menos le dé un sentido”, ha dicho el padre de Leire, quien junto con su esposa inició una campaña de recogida de firmas para pedir el cambio legislativo con el objetivo de que “a la próxima familia que le pase, no tenga que vivirlo”, según ha expresado la madre de Leire.

La familia, que cuenta con el apoyo de otros afectados, ya logró reunir 750.000 firmas, que presentó en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2022 para propiciar dicha reforma. Sin embargo, aún no han recibido respuesta. “Esto es como todo, siempre hay muy buenas palabras sobre todo cuando se presentan las víctimas (…) pero nada más”, ha lamentado el abogado de la familia, Juan Manuel Medina.

La propuesta de la familia consiste en equiparar las penas por homicidio por imprudencia grave, que actualmente van de uno a cuatro años de cárcel, a las penas por homicidio, que oscilan entre diez y 15 años de prisión. Asimismo, quieren que se aplique el mismo criterio para las lesiones y secuelas causadas por este tipo de conductas al volante.

La familia ha criticado también que “se desoiga la petición de casi un millón de personas” cuando se trata de “una ley que ya está evolucionando en Europa” con conceptos como el de “homicidio vial” que, según han indicado, ya se tienen en cuenta en Francia. “Estamos hablando de dos gramos de alcohol en sangre”, han recordado para tener en cuenta las circunstancias del accidente lo separan de una “imprudencia”.

El abogado ha señalado que durante la instrucción, la familia intentó que el juicio se celebrara con un jurado popular al entender que los hechos podrían encajar como un presunto delito de homicidio doloso en base a la jurisprudencia; una cuestión que desestimó la Audiencia Provincial.