La campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio está llegando a su fin, y los principales partidos políticos han centrado sus discursos en cuestiones que indudablemente tienen interés, pero da la impresión de que han acabado ocupando más tiempo aquellos más mediáticos, que no tienen por qué ser los más importantes. Hay temas que apenas han sido mencionados o se han tratado de forma superficial, y que afectan al presente y al futuro de España y de su ciudadanía. Estos son algunos de ellos:
El sistema judicial
Uno de los problemas más graves que ha sufrido España en los últimos años ha sido el bloqueo institucional, que ha impedido la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Este bloqueo se debe en gran medida a la falta de consenso entre los partidos políticos para elegir a los miembros de estos órganos, lo que ha generado una situación de interinidad, falta de legitimidad y politización de la justicia.
Para evitar que esta situación se repita, sería necesario reformar el sistema judicial para garantizar su independencia, eficacia y transparencia. Algunas propuestas que se han planteado son: reducir el número de vocales del CGPJ y elegirlos por sorteo entre los jueces; establecer un sistema de elección directa de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte de los ciudadanos; limitar los mandatos y las funciones del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas; o crear un órgano independiente que supervise la actividad judicial y sancione las irregularidades.
Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha profundizado en estas propuestas ni ha ofrecido un plan concreto para reformar el sistema judicial. Tampoco se ha debatido sobre otros aspectos relevantes como la modernización de la administración de justicia, la agilización de los procesos judiciales, la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la justicia, o la garantía del acceso a la justicia gratuita.
La financiación autonómica
Otro tema que ha quedado relegado a un segundo plano en la campaña electoral es el de la financiación autonómica, que es el sistema por el que se distribuyen los recursos públicos entre las comunidades autónomas para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales. El actual sistema está caducado desde 2014 y presenta numerosos problemas como la falta de suficiencia, equidad, solidaridad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.
Para solucionar estos problemas, sería necesario diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice una distribución más justa y eficiente de los recursos, teniendo en cuenta criterios como el nivel de renta, el coste efectivo de los servicios, la población ajustada o las singularidades territoriales. Además, se debería reforzar el papel del Senado como cámara territorial y mejorar la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha presentado una propuesta clara y detallada para reformar el sistema de financiación autonómica. Tampoco se ha abordado el debate sobre el cupo vasco y el convenio navarro, que son los regímenes especiales por los que estas comunidades autónomas se financian mediante un sistema propio basado en la capacidad tributaria. Estos regímenes han sido cuestionados por otras comunidades autónomas que consideran que generan desigualdades e injusticias.
El problema territorial
Uno de los temas más recurrentes en la política española es el del problema territorial, que se refiere al conflicto entre el Estado central y algunas comunidades autónomas que reclaman más autonomía o incluso la independencia. Este conflicto se ha agudizado especialmente en Cataluña, donde el movimiento independentista ha desafiado al Estado de derecho y ha provocado una grave crisis política, social e institucional.
Sin embargo, la campaña electoral ha abordado este tema de forma muy superficial y simplista, sin ofrecer soluciones reales y dialogadas para resolver el problema. Por un lado, los partidos que defienden la unidad de España se han limitado a rechazar cualquier concesión al independentismo y a criticar los indultos a los líderes del procés. Por otro lado, los partidos que defienden el derecho a decidir se han limitado a reivindicar la autodeterminación y la amnistía para los presos y exiliados.
Ninguno de los partidos políticos ha planteado una propuesta seria y viable para reconducir el conflicto catalán y recuperar la convivencia y el entendimiento entre los ciudadanos. Tampoco se ha abordado el problema vasco, que aunque menos visible, sigue latente y se refleja en el aumento del apoyo a Bildu, la formación política heredera de la izquierda abertzale vinculada a ETA.
Es decir, este asunto solo se ha comentado, someramente, y relacionado con cuestiones puntuales, no como un asunto de interés general.
La inmigración ilegal
Otro tema que ha quedado marginado en la campaña electoral es el de la inmigración ilegal, que se refiere al fenómeno por el que miles de personas intentan entrar irregularmente en España huyendo de la pobreza, la violencia o la persecución en sus países de origen. Este fenómeno supone un reto humanitario, social y político para España y para Europa, que deben garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo controlar las fronteras y combatir las mafias que se lucran con el tráfico de personas.
Para afrontar este reto, sería necesario adoptar medidas tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Algunas de estas medidas podrían ser: reforzar los medios materiales y humanos para vigilar las fronteras terrestres y marítimas; mejorar las condiciones de acogida e integración de los migrantes; impulsar la cooperación con los países de origen y tránsito para favorecer el desarrollo económico y social; o establecer vías legales y seguras para la migración.
Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha presentado una propuesta integral y coherente para gestionar la inmigración ilegal, más allá de la expulsión, que por cierto es lo que ya pone la Ley. Tampoco se ha debatido sobre el papel de la Unión Europea, que debería implicarse más tanto en el bloqueo de las fronteras exteriores como en la atención a las personas rescatadas. Asimismo, se ha obviado el debate sobre el modelo de convivencia intercultural para que en el futuro no tengamos los problemas que vemos en Francia.
Las infraestructuras ferroviarias
Otro tema que ha pasado desapercibido en la campaña electoral es el de las infraestructuras ferroviarias, que son fundamentales para garantizar la movilidad, la cohesión territorial y el desarrollo económico, algo que en Almería sabemos muy bien, y por eso lo único se salva es que aquí sí se ha tratado el tema porque es una prioridad. España cuenta con una red ferroviaria extensa pero desequilibrada, donde predomina el AVE frente al tren convencional, lo que genera problemas como el déficit tarifario, la falta de rentabilidad social, la discriminación territorial o el impacto ambiental.
Para solucionar estos problemas, sería necesario diseñar un plan estratégico que priorice las necesidades reales de transporte de los ciudadanos y las empresas, teniendo en cuenta criterios como la demanda potencial, el coste-beneficio o la sostenibilidad. Además, se debería impulsar la finalización de los corredores ferroviarios europeos que conectan España con el resto del continente, especialmente el Mediterráneo, el Atlántico y el Central.
Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha presentado una propuesta clara y detallada para mejorar las infraestructuras ferroviarias. Tampoco se ha abordado el debate sobre el modelo de gestión del sector ferroviario, que está en proceso de liberalización y apertura a la competencia. Asimismo, se ha ignorado el debate sobre el papel del ferrocarril como elemento clave para la transición ecológica y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
El precio de la energía eléctrica
Otro tema que ha generado mucha polémica y preocupación antes de la campaña electoral es el del precio de la energía eléctrica, que se refiere al coste que pagan los consumidores por el suministro de electricidad en sus hogares o negocios. El precio de la electricidad en España ha alcanzado niveles históricos en los últimos meses, superando los 200 euros el megavatio hora en varias ocasiones. Esto supone un grave problema para la economía doméstica, la competitividad empresarial y la transición ecológica.
Para solucionar este problema, sería necesario adoptar medidas tanto en el ámbito estatal como en el europeo. Algunas de estas medidas podrían ser: revisar los impuestos y los peajes que encarecen la factura de la luz; fomentar el autoconsumo y el ahorro energético; diversificar las fuentes de generación eléctrica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles; o impulsar el mercado interior de la energía y la interconexión eléctrica con otros países.
Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha presentado una propuesta clara y detallada para abaratar el precio de la energía eléctrica. Tampoco se ha abordado el debate sobre el nuevo sistema tarifario que entró en vigor el 1 de junio, que establece diferentes precios según la hora y el día de consumo. Este sistema pretende incentivar el uso eficiente de la electricidad, pero también puede suponer un aumento del gasto para muchos consumidores.
Los problemas sociales
Otro tema que ha sido tratado de forma muy genérica y superficial en la campaña electoral es el de los problemas sociales, que se refieren a las situaciones de desigualdad, pobreza, exclusión o vulnerabilidad que afectan a una parte de la población. Estos problemas se han agravado con la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, que ha golpeado especialmente a los colectivos más desfavorecidos como los jóvenes, las mujeres, los mayores, los parados, los trabajadores precarios, los inmigrantes o las personas dependientes.
Para solucionar estos problemas, sería necesario adoptar medidas que garanticen la protección social, la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen, sexo, edad, condición o circunstancia. Algunas de estas medidas podrían ser: reforzar el sistema público de servicios sociales; ampliar y mejorar las prestaciones por desempleo, pensiones, renta mínima o dependencia; impulsar políticas activas de empleo, formación y emprendimiento; promover la conciliación laboral y familiar; o combatir la violencia de género, el racismo o la homofobia.
Sin embargo, ninguno de los partidos políticos ha presentado una propuesta integral y coherente para abordar los problemas sociales. La mayoría se ha limitado a proponer ayudas, subvenciones o bonificaciones que pueden aliviar temporalmente la situación de algunas personas, pero que no resuelven las causas estructurales de los problemas. Tampoco se ha planteado una visión a largo plazo que permita mejorar la vida de la gente sin depender de estas ayudas.
Estos son solo algunos ejemplos de los temas que no están siendo abordados en la campaña electoral del 23J, o que se están haciendo de modo muy superficial. Hay muchos más temas que merecen una mayor atención y debate por parte de los candidatos y los medios de comunicación, como la reforma constitucional, el cambio climático, la transición energética, la digitalización, la innovación, la cultura, el deporte o la cooperación internacional. Estos temas son importantes para el presente y el futuro de España y de su ciudadanía, y deberían ser tenidos en cuenta a la hora de ejercer el derecho al voto.
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