Si hay un territorio sin ley, o mejor dicho, con su propia ley, esos son los festivales de música que campan a sus anchas por Almería. ¿Quién podría pensar que estos eventos son un revulsivo para la economía local? ¡Qué ingenuidad! Están diseñados precisamente para lo contrario: para que todo el dinero se quede dentro de las murallas del festival.
Comencemos por el principio: pagar una entrada sin saber quiénes actuarán. Los nombres de los artistas se revelan a medida que sube el precio de las entradas. Se llama comprar a ciegas, que es ser engañado a todas luces.
Luego, eres tú quien hace toda la gestión para la compra de la entrada: usas tu ordenador, tu electricidad, tu impresora, tu internet, tu tiempo… pero resulta que te cobran un extra por el trámite. Trámite que, por cierto, realizas tú mismo. Y no puedes evitar ese extra, por lo que en realidad forma parte del precio, que por tanto es engañoso.
Llega el momento de entrar, y revisas las condiciones sobre lo que se puede meter o no en el recinto. No prohiben ni el agua ni la comida, pero lo cierto es que no te dejan pasarla y te obligan a tirarla a un contenedor antes de franquear la puerta. ¿Por qué no puedes pasar una botella de agua? Sencillamente porque dentro te venden medio litro a cuatro euros, y un bocadillo a ocho o diez. Las botellas del interior, por supuesto, no tienen el mismo potencial de objeto arrojable, debemos suponer. Y tu comida, evidentemente, no tiene la misma calidad.
He preguntado sobre esto directamente a la organización de uno de estos festivales: el gabinete de prensa no sabe nada, quienes envían las entradas y se ofrecen a solucionar tus dudas, tampoco saben nada, y los de la organización, te saludan afectuosamente y dicen que debes indicar nombre del comprador de la entrada, el localizador, el correo electrónico... y cuando se lo haces llegar... ahí se acaba la conversación.
Cuando te registran minuciosamente, buscan comida -mal encarados preguntan “¿no llevará comida”?-, no drogas, ni nada de lo prohibido en las condiciones de entrada. No hay ni un miserable control para drogas, porque eso es lo de menos. Es curioso que si preguntas a la organización sobre este asunto, tampoco responden.
Los menores deben acceder con un permiso paterno por escrito, pero nadie lo pide, quizá porque el personal está demasiado ocupado buscando comida en los bolsos. Y con el alcohol pasa lo mismo: nadie pregunta la edad ni pide el carnet. Aunque un menor esté con sus padres, es inevitable que a lo largo de ocho o diez horas vaya en alguna ocasión a una barra solo o con su grupo.
Cada asistente adquiere la entrada a su nombre, pero nadie controla si quien entra con esa entrada es quien la tiene a su nombre ¿entonces qué sentido tiene? Pues tener tus datos y comerciar con ellos, porque tampoco se usan para controlar la asistencia de menores y acompañantes.
Como cualquier territorio con su propia ley, tiene su propia moneda. Las pulseras son el único medio de pago, que tienes que cargar dentro del recinto. ¿Y qué pasa si sobra dinero? No te preocupes, te lo devuelven… menos una comisión de más de dos euros, por la gestión, claro. De este modo, si te sobran dos euros, ya no compensa reclamarlos, por lo que los pierdes. Multiplica esto por el número de asistentes y verás el negocio redondo.
¿Pero no es exactamente la misma gestión que cuando cargaste? ¿pero no eres tú quien ha hecho la ha hecho? Pero si en todos sitios se puede pagar con tarjeta sin que te cobren comisiones por la gestión ¿por qué aquí se cobran?
¿Alguien me puede decir qué dinero ha ganado la ciudad con esto? Además, va subvencionado por distintas instituciones públicas, como si no ganasen dinero suficiente. Y luego hay que limpiar la zona, que eso lo pagamos también entre todos, como la cesión del lugar donde se celebra.
Y eso por no entrar en cuestiones de mera seguridad en el interior que brilla por su ausencia.
Un auténtico atraco en una ciudad sin ley, pero con muchos aplausos.
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