El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el almeriense Manuel Recio, ha sido procesado por su presunta implicación en la concesión irregular de subvenciones a empresas vinculadas a la formación de ex trabajadores de la multinacional Delphi. La Fiscalía Anticorrupción reclama ocho años de cárcel para Recio y otros acusados, acusados de establecer un sistema "excepcional y arbitrario" de subvenciones que incluyó la "simulación de contratos" para los exempleados de Delphi en la Bahía de Cádiz.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado el auto de procesamiento tras años de investigación que comenzó la juez Mercedes Alaya. Los hechos investigados se centran en la concesión de 33 millones de euros a un "entramado" de sociedades, entre ellas las del fallecido ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, para impartir cursos de formación a los ex trabajadores de Delphi, una multinacional automovilística que cerró en 2007 dejando a más de 1.800 empleados sin trabajo.
El auto judicial señala que estas subvenciones no solo se otorgaron de forma arbitraria, sino que se utilizaron para simular relaciones laborales que permitieron a los exempleados acceder a prestaciones de la Seguridad Social "indebidas". Además, se ha evidenciado que parte de estos fondos fueron desviados fraudulentamente hacia entidades vinculadas sin que existiera un control adecuado por parte de los responsables de la Consejería de Empleo.
Se indica que el objetivo de estas subvenciones era supuestamente mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados por el cierre de Delphi, pero en realidad, solo se les proporcionó formación sin una verdadera integración laboral. La Fiscalía sostiene que este sistema de ayudas fue diseñado y mantenido por Recio y otros altos cargos de la Junta, a pesar de conocer que no estaba amparado por la normativa vigente.
Varios medios de comunicación han reportado que entre los procesados también se encuentra un hijo de Ángel Ojeda y otras cinco personas relacionadas con el caso. Los implicados enfrentan cargos por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos.
Este caso añade un nuevo capítulo a la larga lista de escándalos de corrupción en Andalucía, destacando la gestión de los fondos públicos y la transparencia en la administración de la Junta durante aquellos años.
La sentencia final aún está pendiente, pero este procesamiento abre la puerta a un juicio donde se determinará la responsabilidad de cada uno de los implicados en este presunto fraude millonario.
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