Si les digo que hay altos cargos en Madrid investigados por corrupción relacionada con la compra de mascarilla y material antiCovid19, estoy convencido de que rápidamente pensarán en el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna el Partido Popular, o en la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, pero va a ser que no, que no habrían acertado.
Los altos cargos investigados y que tienen cita con el juez son tres, y los tres, del Gobierno que preside Pedro Sánchez, y el montante económico que se baraja en este fraude son 310 millones de euros.
Ahora les pido que miren la prensa, escuchen las radios y vean las televisiones, y comparen cuanto tiempo se ha dedicado a ese asunto, y cuanto al hermano de Ayuso y cuanto al primo de Almeida.
No, no se trata de recurrir al “y tú más”, que de eso los políticos son maestros, usando de modo permanente el doble rasero a la hora de valorar lo que les afecta, de tal modo que sin haber imputados en el Ayuntamiento de Madrid, hay grupos políticos que reclaman la dimisión del alcalde o una moción de censura, o una comisión de investigación… y lo mismo pasa con la Comunidad de Madrid, pero esos mismos partidos políticos son incapaces de pedir cuentas sobre la presunta corrupción cuando ocurre en sus filas, y tampoco son capaces de acudir a la prudencia cuando hablan de todo esto.
En su afán por enterrar a Montesquieu que diría el socialista Alfonso Guerra, siempre quieren hacer comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas, es decir, ejecutar un juicio político, antes incluso de que un juez determine si existe algún tipo de responsabilidad penal. Así pueden llegar al absurdo de “condenar políticamente” a quien un juez ni investiga, ni imputa nada, o incluso algo más escalofriante, como es llegar a establecer esas condenas políticas cuanto aún se desconoce si ha existido delito aunque sea en los subalternos a ese dirigente.
No pediré ese imposible a los políticos, pero la ciudadanía en general merece un mayor respeto a la hora de abordar los asuntos con un cierto equilibrio desde los medios de comunicación, sobre todo porque los casos son muy distintos entre sí, aunque todos tengan el mismo trasfondo. Por cierto, que algún medio llegara a colocar un equipo a las puertas de la casa del expresidente Mariano Rajoy a ver si se saltaba el confinamiento, pero no tenga tiempo de investigar la mordida de los tres imputados de La Moncloa, dice mucho de lo que entienden por periodismo de investigación.
En los tres casos ha habido golfos que han aprovechado la situación crítica que vivimos en los inicios de la pandemia para enriquecerse, y todos ellos se han aprovechado de la falta de controles administrativos fruto de aquella misma situación de emergencia.
Juan Lobato, miembro de la Asamblea de Madrid, arremete contra el alcalde de Madrid en sus declaraciones públicas, pero cuando le preguntan por el caso del Gobierno central, responde que su ámbito de responsabilidad es Madrid… es decir, donde está el Ayuntamiento de la capital, y donde está La Moncloa… si es que es por cuestión de proximidad.
Pero no es el único que actúa así, y ese es el problema, porque es el propio presidente Sánchez quien señala la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, donde después de 17 meses de investigación no hay ni un solo imputado, pero no da cuentas de las imputaciones en su equipo.
Lo peor es que esto volverá a repetirse si volvemos a vivir situaciones similares, porque no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Una Ley de Pandemias, como reclamaba el Partido Popular, habría regulado estas contrataciones para evitar caer en lo mismo… pero entonces ¿qué trastos se iban a tirar los políticos entre ellos?
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