Es evidente que una cosa son los jueces de los tribunales ordinarios de justicia y otra, muy distinta, los tribunales politizados. En algunas instituciones como el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de casación ni está inserto en el Poder Judicial, las mayorías ideológicas o simplemente afectas al poder político de turno, van por caminos diferentes a lo que marca la justicia real o, simplemente, decente.
Acabamos de conocer que toda la investigación del llamado “tsunami democratic” se ha caído. Esta circunstancia permite que auténticos terroristas se vayan de rositas, al quedar sin efecto la instrucción que pesaba sobre un buen número de agitadores y autores intelectuales de los hechos más violentos del independentismo catalán.
Todo queda resumido a un defecto de forma: se firmó, por error, una prorroga un día después del plazo legal establecido. Es decir; las investigaciones, las imputaciones y las condenas quedan sin efecto y decaen por ese pequeño error de tan sólo 24 horas. Así, los ya presuntos terroristas no son ni presuntos: se han convertido en molt honorables defensores de la causa independentista con empleo de violencia desmedida. Y la pregunta que nos podría asaltar es si los ciudadanos de a pie estamos ante un desamparo o un trato desigual, pero no es así.
Comprobamos que la justicia en España es garantista; lo cual, otorga un respiro ante el infame manoseo del Gobierno de España (sanchismo) que pretende -y consigue- las más despreciables genuflexiones de algunas togas polvorientas ante este totalitarismo gubernamental.
Supongo que, ahora, los que tildaban de lawfare a los jueces de algunos procesos molestos para cierta gentuza, se felicitarán por tan afortunado acontecimiento; o sea, la prueba de que la justicia en España, aun por la contaminación gubernamental, es rigurosa, justa y garantista. En consecuencia, si algo se ha hecho mal o fuera de plazo no hay problema en reconocerlo y se restituye la condición de los actores por muy abyectos que hubiesen sido.
A diferencia de jueces que trabajan con equidad y garantías, los políticos afectados por la acción de la justicia no tienen problema en calificarles con gran estridencia. Además, dependiendo de quién denuncie a quien, aceptan o rechazan al denunciante y al jurista. Recuerden cuando el llamado “Pseudosindicato de ultraderecha” denunció a un miembro de la Casa Real: la izquierda babeaba. Sin embargo, los mismos denunciantes ponen en tela de juicio los negocios de la mujer del presidente… y las invectivas, investigaciones e insidias contra los jueces son auténticamente inquisitoriales. Y esto demuestra la calidad democrática, la regeneración democrática y el progresismo de esta ralea sanchista.
Y podríamos relacionar este asunto con los ERE y el robo de casi setecientos millones, pero es todo tan asqueroso, tan repugnante e indignante que mejor lo dejamos para otra ocasión; justo, cuando se nos haga más insoportable y mefítico el hedor de este socialcomunismo.
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