Andalucía cuenta con 66 empresas e instituciones adscritas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, junto al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha entregado 32 diplomas a empresas e instituciones que certifican su adhesión al Sistema Comunitatio de Gestión y Auditoría MedioAmbiental (EMAS), una distinción impulsada por la Unión Europea que garantiza el compromiso de las entidades incorporadas por el cuidado del medio ambiente y la inclusión de medidas para hacer más sostenibles sus activides. De esta forma, Andalucía cuenta ya con 66 empresas e instituciones adscritas al sistema, de las que un tercio pertenecen al sector industrial.

En el marco de este acto, José Fiscal ha felicitado a los organizaciones y ha subrayado que en la Comunidad autónoma,“a pesar de la crisis económica, no se ha producido ninguna reducción”, por lo que ha agradecido el compromiso de estas instituciones, entre las que se encuentra también el propio Parlamento andaluz. “Resulta gratificante comprobar que iniciativas como EMAS están plenamente afianzadas en Andalucía”, ha sostenido.

España es, junto a Italia, el país de la UE con más entidades adscritas. Según Fiscal, “al incorporarse al EMAS, los inscritos forman parte de la vanguardia que, con activismo y concienciación, pugna a diario por una Andalucía, un planeta, comprometido con el medio ambiente”.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es el organismo competente para la planificación, la dirección y ejecución de las inscripciones en la región. De ahí que el titular del ramo haya afirmado que “Andalucía seguirá este desarrollo económico que mira a su entorno social con respecto, y que se proyecta hacia el futuro con la seguridad de la sostenibilidad”. Para Fiscal, esto se materializa en medidas concretas como “facilitar el acceso a deducciones fiscales, reducir tasas administrativas, apoyar económicamente la consecución del EMAS, etc.”.

La Unión Europea realizó un estudio en 2013 a través del que constató que los beneficios de esta certificación de calidad no sólo son ambientales, sino también económicos y sociales. En concreto, las organizaciones que participan aumentan su eficacia, por lo que reducen costes; también mejoran las relaciones con clientes, organismos regulares y la sociedad en general, entre otras ventajas.