Hoy comienzan a declarar exconsejeros de la Junta por presuntas ayudas irregulares a extrabajadores de Minas de Alquife

Un grupo de 14 ex mineros de las Minas de Alquife presentó en julio de 2014 una denuncia ante el juzgado de Sevilla que estaba instruyendo la causa de los EREs contra más de 35 personas, entre los que se incluían varios ex consejeros de la Junta de Andalucía, representantes sindicales, ex delegados provinciales, un expresidente de la Diputación Provincial de Granada, varios cargos de la administración y miembros del Consejo de Administración de las empresas sucesoras de la antigua Compañía Andaluza de Minas (en adelante C.A.M.)

Tras inhibirse el juzgado de Sevilla, la denuncia se trasladó a Granada y el 12 de noviembre de 2015 fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5, dándose posteriormente traslado al Juzgado de Instrucción número 1 de Guadix que será el órgano jurisdiccional encargado de enjuiciar la causa.

El origen de la querella hay que buscarlo en el proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta C.A.M. que cesó su actividad en octubre de 1996. En enero de 1998, un grupo de 129 trabajadores de la C.A.M. constituyó la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. (en adelante C.M.M.S.L.L.) con el objetivo de poder seguir explotando la mina. Desde entonces, hasta hoy esa sociedad no ha desarrollado ninguna de las actividades por las que justificaba su creación. Dos años después se constituyó Minas de Alquife S.L. con el mismo Consejo de Administración que la C.M.M.S.L.L adquiriendo la primera, el 90% de las concesiones mineras, quedando el resto en manos de dieciocho trabajadores mineros.

En el año 2011 se crea Minas de Alquife Holding B.V. en Holanda y se publica en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la unipersonalidad de Minas de Alquife S.L. quedando como socio único de la anterior “Minas de Alquife Holding B.V”, heredera directa de Minas de Alquife S.L. y C.M.M.S.L.L. de lo cual se desprende, que el Holding, es el heredero directo de todas las sociedades mencionadas y ha de asumir las responsabilidades de todo tipo en las que incurrieron las sociedades a las que absorbe.

Los querellantes consideran que se impusieron acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reportaran beneficios a la sociedad, lo que está tipificado como delito societario en el Código Penal.

En la querella también se denuncia la existencia de un delito de falsedad documental y se afirma que existen indicios claros de falsificación de documentos públicos que llevaron a la instrumentación de un Plan de Prejubilaciones a todas luces ilegal, ya que la empresa (Compañía Minera del Marquesado S.L.L.) se acaba de crear y al ser una mercantil de naturaleza laboral, sus socios deberían estar trabajando en ella y por supuesto, nunca hubo ningún expediente de regulación de empleo previo. La comisión de este delito vuelve a repetirse en 2006 al asignar la Junta de Andalucía cantidades con destino a las mencionadas prejubilaciones, ya que la C.A.M. ya no existe y Minas de Alquife S.L. no tiene, que se sepa, en esas fechas ningún supuesto prejubilado que atender. Los denunciantes, consideran que no es posible alcanzar los objetivos previstos en el Plan de Prejubilaciones sin que por parte de los administradores sociales de la Compañía Minera del Marquesado S.L.L. y Minas de Alquife S.L. se falsee documentalmente la realidad, ya que se parte de la inexistencia de una empresa en crisis, no se ha aprobado ningún ERE previo y los trabajadores prejubilados acababan de incorporarse a una nueva empresa.

Por otro lado, y según se puede comprobar en el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en la “Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las ayudas socio laborales a los trabajadores afectados por ERES y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta de Andalucía, Ejercicios 2001-2010”, aparecen como beneficiarias la C.A.M. y C.M.M.S.L.L., la primera con una prima financiada por importe de 5.083.818 euros y la segunda con 14.892.164 euros. Téngase en cuenta que, la primera mercantil está liquidada en las fechas del informe y la segunda, aparte de privar a los trabajadores de sus derechos, especular con los bienes adjudicados y enriquecer ilegítimamente a un grupo de sus representantes legales, jamás ha cumplido con su objeto social.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 204 y 245 se hace referencia al “Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección socio laboral a extrabajadores andaluces por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis”. Compañía Minera del Marquesado S.L.L. aparece con dos pólizas y Minas de Alquife S.L. con una tercera póliza cabe preguntarse: ¿En algún momento de su existencia alguna de estas empresas estuvo en crisis? o, ¿alguna vez alguna de estas empresas desarrolló algún tipo de trabajo?

Hoy viernes se inicia la toma de declaración en calidad de investigados a los miembros del Consejo de Administración de la C.M.M.S.L.L. Del mismo modo, desde dicho juzgado se han librado los oportunos exhortos para que, en las próximas fechas acudan a declarar el resto de investigados.

Algunos de los que deberán personarse en el juzgado accitano en calidad de investigados son: los ex consejeros de la Junta de Andalucía Guillermo Gutiérrez Crespo, José Antonio Viera Chacón, Martín Soler Márquez, Francisco Vallejo Serrano, Antonio Ávila Cano y el actual Consejero de Empleo, Empresa y Comercio José Sánchez Maldonado. El ex presidente de la Diputación Provincial de Granada, Antonio India Gótor, el ex Delegado Provincial de Empleo, Mariano Gutiérrez Terrón, el inspector de trabajo Bernardo Ruiz González, los antiguos Directores de Trabajo y Seguridad Social así como el Director Gerente del IFA, varios representantes sindicales de la época, miembros del Consejo de Administración de Minas de Alquife Holding B.V. y así, hasta un total de casi 40 personas.

Según ha comentado el abogado de los querellantes Jesús Yebra: “Esto no es más que, una nueva metedura de pata en el proceso de liquidación y cierre que tuvo las Minas de Alquife a finales de los años 90”. “El primer gran error que se cometió por desconocimiento o prevaricación, fue adjudicar en un segundo auto con fecha de 6 de junio de 2001 unas propiedades y concesiones mineras que ya habían sido adjudicadas con anterioridad a los señores Lawrence William Seidler, Stanley Gordon Conway y Robert Kelly Moore. Desde ahí, todos los pasos que se han dado han sido equivocados y ahora nos encontramos con una situación que nadie logra entender”.

A este conflicto judicial hay que sumar otros, de gran calado que actualmente se encuentran en trámite judicial y pueden poner en tela de juicio el proyecto de reapertura de las minas de Alquife.