El análisis de las cuentas de los últimos años del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) deja en evidencia cual es la realidad del servicio que presta a las andaluzas, ya que pese a tener unas cifras económicas importantes, la realidad de su ejecución es otra.
Así, uno de los datos más relevantes es que aunque el Gobierno andaluz aumentó su presupuesto de 2015 a 2016, eso no ocurrió efectivamente, ya que las modificaciones posteriores lo redujeron en un 15,75%.
De esta forma, en 2015 el IAM contaba con 40.338.417 euros, y se fue a un crédito definitivo de 44 millones, pero la realidad es que la ejecución se quedó en 23 millones de euros. La ejecución total de lo presupuestado se puede ver en personal y gasto corriente, mientras que los capítulos 4 a 7 sufrieron la drástica reducción que se evidencia en la cifra global.
En 2016 se incrementó hasta los 41.241.379 euros, pero lo cierto es que en el transcurso del ejercicio, no es ya que se ejecutara la mitad, es que hubo modificaciones presupuestarias que acabaron reduciéndolo en el porcentaje mencionado respecto a 2015.
Algunos ejemplos sobre la ejecución de 2015 son el programa de Formación y Empleo, que tenía 3,2 millones de euros y se ejecutaron 105.000 euros, las transferencias a los Centros de Información de la Mujer contaban una previsión de 8,3 millones, y se ejecutaron 2,5 millones, y la Atención Social a Mujeres que tenía 610.000 euros, tuvo un gasto de cero euros.
En 2016 se han ejecutado 34,9 millones de euros de los más de 41 previstos inicialmente, pero de nuevo el recorte cae del lado de los programas sociales, que se quedaron en una ejecución de 15,8 millones de euros. En concreto, las subvenciones en 2016 se presupuestaron en 11,6 millones y se ejecutaron 2,7, por lo que algunos programas presenta ejecución cero, como Atención Jurídica, atención psicológica a menores víctimas tampoco, o atención a la prostitución.
En 2016 las transferencias de capital presentan una ejecución de cero, a pesar de que provienen del Fondo Social Europeo.
Otro detalle curioso es que todos los años se presupuestan transferencias fijas a las diez universidades andaluzas, pero nunca se cumplen.
En 2015, las transferencias corrientes, que básicamente son subvenciones a ayuntamientos, a entidades sin ánimo de lucro, o a familias, entre otras, se ejecutaron en un 68,85%. Podría incluso no ser un mal dato, si no fuera porque a finales de ese año sólo se habían abonado cinco millones de los 15 que había presupuestados, un tercio.
En las subvenciones a entidades públicas y privadas para la defensa legal contra la discriminación, en 2015, de siete millones presupuestados, se pagaron 397.307 euros.
El recorte del 15,75% que se ha realizado por la vía de los hechos, afecta a gastos de funcionamiento, a las subvenciones y a las inversiones. Eso supone menos dinero para programas de empleabilidad de mujeres, por ejemplo.
En 2015, las subvenciones para asociacionismo, para atención a mujeres inmigrantes, a prostitución y tráfico sexual, atención psicológica e integral a víctimas de violencia machista, entre otros temas, suponían 15 millones de euros, pero al final del año sólo se había comprometido 11, de los que sólo se abonaron cinco.
Esto mismo pasa en los proyectos con universidades y ayuntamientos, que es dinero para unidades de igualdad de género, de empleabilidad, 6,77% es lo que se paga de los 7 millones de crédito disponible.
Las inversiones han pasado de más de cinco millones a medio millón de 2015 a 2016.
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