Especuladores inmobiliarios

¿Un juego? ¿Puedes vivir si te sale la carta? ¿Vivir es un juego de azar? “España es el Estado de la UE con menor nivel de protección social y con los mayores índices de exclusión residencial”. Lo dice un informe de la Fundación Alternativas, dónde se deduce una carencia de más de un millón y medio de viviendas sociales, que actualmente no llega al 1’5 del parque existente. En cambio, el estudio mencionado descubre que aproximadamente ese mismo número de familias se ven obligados a realizar un esfuerzo económico, en muchos casos imposible, para vivir bajo un techo. Un esfuerzo, cuando mínimo, superior al 40% de sus ingresos. Una situación insostenible, fomentada desde el Gobierno y las administraciones, incapaces de o desinteresadas resolver tan grave problema.

En cambio se suman y complementan quienes festejan la imposibilidad de que más de millón y medio de españoles, casi seiscientos mil andaluces, tengan que malvivir en una habitación ó cambiar continuamente de vivienda, por la imposibilidad de soportar los altos precios alcanzados por la vivienda y los continuos desahucios, que el Gobierno favorece, incumpliendo así el mandato constitucional. El gasto en fomento de la edificación y, en especial, el gasto público en acceso a la vivienda, ha caído más de un 65%, según Jordi Bosch, Doctor en Arquitectura y uno de los redactores del informe. Para empeorar el dato, las viviendas vendidas por Ana Botella al fondo Blackstone, al 10% del valor que se le había asignado cuando se construyeron, han sufrido una subida del 226%, por encima de ese precio asignado.

Organización de especuladores inmobiliarios debería ser el verdadero nombre pues se presenta como el objetivo real de cierta organización madrileña llamada de consumidores y expandida por todo el Estado a base de revistas. Organización cuyo “pecado menor” a la vista de los generales o territorialmente extendidos, es menospreciar Andalucía. Desde exigir medidas mínimas para los boquerones, que imposibilitarían su pesca en el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, hasta nombrar a Getafe “cuna de la aviación”, ignorando, y no por ignorancia, el avanzado protagonismo de la Hispano Aviación, primera y única fábrica de aviones con patente propia, hasta que el General Franco decidió su compra por la estatal CASA, para y convertir en fabricante a la madrileña, que hasta entonces se había limitado a mantenimiento, con la técnica y los técnicos de la Hispano.

Lamentable hasta qué punto está incrustado el sentimiento centralista, no sólo en las Administraciones y el Gobierno, sino también -y lo más grave- en la gente, en medios de comunicación y en organizaciones como la receptora de este comentario crítico.

Lo que viene es peor, siendo gravísimo lo anterior, en tanto es un ataque a la economía de todo el Estado. Un cínico y solapado empuje a la burbuja del alquiler. Que se llame “idealista” quien aconseja precios imposibles para la mayoría, es propio de un sistema podrido. Que un responsable de una inmobiliaria califique “bien” a 1200 euros por 82m2, agrava considerablemente el problema y evidencia su rapacidad y su voracidad, movidas por el egoísmo de obtener más beneficio. Pero que una pretendida asociación de consumidores busque ventajas para los arrendadores y olvide a los arrendatarios; que se preocupe por el beneficio del propietario, sin preocuparle dejar en la calle a miles de familias, o que aconseje vivir en una habitación -como si fueran una de las “agentes sociales” del Ayuntamiento de Sevilla-; que obliguen a la gente a acudir a Cáritas o a hermandades para llenar los bolsillos de los propietarios, o permitir que suban los precios, para beneficiarse de las ayudas al inquilino, sólo merece un calificativo: de vergüenza.

Para empezar, parece que la voracidad recaudatoria sólo afecta a las clases bajas. Las “SOCIMI”, que se están haciendo con el parque de viviendas en alquiler y aumentan los sesenta mil desahucios anuales, no pagan impuesto de sociedades. Por lo visto, para el Gobierno echar gente a la calle es más importante que la creación de empleo. En España faltan más de 1.600.000 viviendas sociales; en Andalucía faltan casi quinientas mil, mientras hay más de quinientas mil vacías y se sigue financiando a las constructoras para que hagan más pisos inalcanzables. Se pregona la “necesidad” de contentarse con el alquiler, mientras se hace trashumante al arrendatario y se le impide vivir con continuas subidas.

Fomentar y proteger la especulación, se puede ver, es autoimpuesta tarea de la Administración y de ciertas entidades obligadas por su naturaleza a proteger al ciudadano. Todo el “esfuerzo” del Gobierno para cumplir el mandato constitucional, es participar en la promoción de vivienda pública con un ridículo 2%. ¿Será parte de su empeño por hacernos añorar al funesto General? Lo parece